En el fuero penal de la Justicia Federal hay cuatro cargos vitales que están vacantes desde hace años y en los cuales no se vislumbra un nombramiento inmediato de sus titulares. El caso de mayor retraso es en el puesto de fiscal general de juicio, el cual lleva cerca de 6 años sin un reemplazante. Lo sigue el cargo de defensor oficial de primera instancia, que hace 3 años que no tiene su titular. Después viene una vacante de juez en el Tribunal Oral Criminal, que ya cumplió dos años sin un dueño oficial, y por último, el cargo de fiscal de instrucción, que está a punto de alcanzar el año sin una designación. Fuentes calificadas explicaron que una de las razones de las demoras pueden deberse a influencias políticas del Gobierno nacional de turno en los organismos de selección, como el Consejo de la Magistratura. En ese escenario, puede haber una decisión política de congelar una designación en donde el subrogante está desempeñando un papel acorde con los intereses del Ejecutivo nacional y en el que la labor del futuro titular puede ser un enigma.
Pese a la carencia de los titulares, todos los puestos tienen un reemplazante temporario hasta que se efectúe el nombramiento, que recibe el nombre de subrogante. Por esa razón, desde el seno de la Justicia Federal destacan que no hay mora judicial ni retrasos de los expedientes. Sin embargo, en el Tribunal Oral se da una situación particular. El subrogante es el juez puntano Raúl Fourcade, quien además de empaparse de las causas locales, también debe atender y resolver las de su juzgado en San Luis. Y los miembros titulares, los sanjuaninos Hugo Echegaray y Carlos Parra, reemplazan vacantes generadas en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Por debajo, las fuentes indicaron que ese trajinar de los magistrados puede generar complicaciones en el desarrollo del funcionamiento del Tribunal a la hora de resolver los expedientes, ya que viajar a otros puntos del país les impide dedicarse de lleno y en tiempo completo a sus causas.
Los puestos vacantes son fundamentales para el funcionamiento del engranaje judicial y son apetecibles debido a que tienen una buena remuneración (ver cifras). En el caso del Tribunal Oral son tres los jueces que lo integran y son los encargados de dictar sentencia sobre causas federales como las de estupefacientes y los hechos que se cometen en organismos nacionales como la Universidad Nacional de San Juan, por ejemplo. El fiscal de instrucción es el que impulsa y solicita pruebas en la etapa de investigación y el fiscal de juicio es el que lleva adelante la acusación en el proceso oral y público. Y los defensores oficiales son los que asisten a aquellas personas que no tienen dinero para pagar un abogado.
Los funcionarios consultados pidieron reserva y directamente señalaron que desconocían las razones de tanta demora. La selección de los jueces está a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación, que eleva la terna a Presidencia, quien luego envía el candidato elegido al Senado para su aprobación. En el caso de los fiscales, es la Procuración General quien confecciona la lista de tres candidatos, mientras que para la elección de los defensores, el encargado de hacer la terna es el Ministerio Público de la Defensa.
Las fuentes afirmaron que el mecanismo de evaluación de estos organismos es muy completo y complejo, ya que se toman pruebas escritas y orales, hay entrevistas e instancias de impugnación por parte de organizaciones e instituciones sociales. Como la decisión final está en manos del Poder Ejecutivo Nacional, mencionaron que puede haber una decisión política para frenar un nombramiento. Por otro lado, también remarcaron la burocracia y los vaivenes internos de los organismos como el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación. Esta última, inclusive, atravesó por el recambio de su titular Esteban Righi por Alejandra Gils Carbó.
Y las designaciones se vislumbran inciertas de cara al futuro. Es que en el caso del puesto de fiscal de juicio, que lleva seis años vacante tras la renuncia del fiscal Ricardo Dibella, la Procuración General llamó a concurso en 2008 y recién en septiembre de 2011 los candidatos terminaron de presentar sus antecedentes y rendir los exámenes de oposición. Es decir, el organismo de selección aún no ha elevado ni siquiera la terna al Poder Ejecutivo. El más avanzado es el puesto para defensor oficial, en el que la Defensoría General ya armó una terna, en la que se encuentra el abogado radicado en San Juan Ricardo Moine, junto a dos letrados de Buenos Aires. Con respecto a las vacantes para juez del Tribunal Oral y para fiscal de instrucción, ni el Consejo de la Magistratura ni la Procuración han llamado a concurso.
Desde la renuncia de Dibella, la fiscalía de juicio fue subrogada por Silvina Godoy y el fiscal de primera instancia, Juan Carlos Yannello. Actualmente está el reemplazante Mateo Bermejo. A su vez, Yanello también renunció y lo reemplaza Cristian Rachid. Y en la Defensoría oficial está Horacio Garcette tras el alejamiento de Raúl Plana Más.