A veces comento que me acostumbré ‘mal” en Europa durante más de diez años viendo de cerca el comportamiento de los tres poderes del Estado en Italia, España, Alemania o Francia, por dar sólo cuatro ejemplos más cercanos a mis movimientos profesionales como periodista. Comprobé que sin ser perfecta, la Justicia es un poder independiente, y una causa no se queda en el camino por presiones desde los poderes Ejecutivo o Legislativo. Tampoco vi que los gobiernos protestaran o buscaran echar al juez o miembro de la Corte de Justicia porque se citara a declarar por sospechas de corrupción o mal manejo de la cosa pública a algún miembro del Ejecutivo, o se osara investigar cerca del círculo del presidente, vicepresidente o primer ministro. Nunca vi que se hablara del absurdo de un inverosímil ‘partido judicial+. Ni leí que el destino de un acusado o detenido estuviese ‘en manos de jueces cercanos al Gobierno”. Hace pocos días, en la república de Islandia renunció el primer ministro tras conocerse su vinculación con el escándalo revelado por los ‘Panamá Paper+. A su vez, en el Reino Unido ya se cuestiona fuertemente al premier David Cameron también en esa lista. Y sin ir más lejos, el presidente argentino, Mauricio Macri, es otro de los incluidos en los papeles panameños, aunque dice someterse a la Justicia. Pero sólo tres años atrás, fue el mismísimo presidente de Alemania, Christian Wulff, quien renunció porque lo cuestionaban por obtener créditos en condiciones ventajosas, o sea casi trivial para lo que escuchamos aquí.

Y en medio de todo este fenómeno global que se vive, Argentina inventa con letras de molde la justicia ‘K” (de kirchnerismo) y la justicia ‘anti ‘K”. Es decir, hasta el 10 de diciembre pasado se cree que existían ‘amigos del poder” en el Poder Judicial, y desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, escuchamos hablar de jueces que sólo investigan causas contra exmiembros del gobierno o entorno personal de Cristina Fernández de Kirchner. Otra variante sudamericana en torno al ejercicio de la Justicia, esta vez de circo, que vemos aquí (como en Venezuela, con Maduro y recientemente en Brasil, con Rousseff y Lula Da Silva ) son las convocatorias públicas o manifestaciones populares frente a las sedes judiciales para ‘protestar” contra algún proceso en marcha, pidiendo la liberación de algún sospechado (caso Salas, entre otros) o para exigir el cese de investigaciones o desvirtuar la citación de algún juez. Entonces, se da folclóricamente por hecho que jueces o miembros de la Corte realizan su trabajo en función de la cara del acusado o de la de sus poderosos amigos, o que funciona el capricho del magistrado o su ideología política o la del personaje juzgado, aunque algunas veces sí haya sucedido por corrupción o inmadurez democrática. En ese marco, están también los ‘operadores” en la Justicia, penosos personajes que gastan las suelas de sus zapatos entre decenas de pasillos buscando influir en los jueces. Es más, hay ejemplos de apartamiento o enjuiciamiento de jueces que son acusados de ‘parcialidad+ porque se atreven a pronunciarse sobre miembros o ex miembros de gobierno. O el caso del polémico magnicidio de un fiscal que investigaba a la máxima autoridad del país y que recién sepultado un jefe de Gabinete del Gobierno lo trató de ‘sinvergüenza+, sin que hasta ahora le haya pedido disculpas a la familia del difunto por tamaña felonía. ¿Cómo se puede entender que haya sucedido esto tantas veces en 200 años de Estado independiente?

En pocas palabras, y esta no es una frase original: ni judicialización de la Política, ni politización de la Justicia. Y, ante todo lo comentado, viene bien preguntarse si existe alguna posibilidad de opositar el ingreso a la Carrera Judicial, como cuerpo de jueces y magistrados por categorías y con arreglo a sistemas de concurso, que si bien no lo solucionaría todo, ayudaría a confiar más en la institución. No obstante, recuerdo que en una ocasión en España ganó un concurso para jueces una brillante abogada de 29 años, es decir, con una edad sin experiencia laboral en la materia. Surgió una polémica sobre si estaba bien o no, ya que un magistrado debía tener por lo menos diez años de manejo de su profesión. Sin embargo y en nombre de la independencia de la justicia, se aprobó la idea de mantener el concurso en esas condiciones. ¿Podremos algún día en Argentina confiar en la Justicia y en el respeto del Ejecutivo a ese poder? Seguramente será cuando haya auténtica división de poderes, y así la Argentina luzca impoluta su traje de República.