Bastó que en jornadas previas al día de Acción de Gracias, un jurado no encontrara pruebas suficientes para procesar a Darren Wilson, el policía blanco que en agosto mató de varios disparos a Michael Brown, un joven negro residente de la ciudad de Ferguson. La violencia que se produjo durante las protestas en muchas ciudades por la bronca de que el asesinato de un negro quede impune otra vez, no cuestionan la eficiencia de la justicia -en un país cuya grandeza está fundamentada en la fortaleza de sus instituciones- sino en que las leyes no se apliquen a todos por igual.
Las estadísticas refuerzan este sentimiento. Ferguson tiene mayoría de población afrodescendiente, sin embargo la policía, la Justicia y demás instituciones públicas están conformadas y lideradas por blancos. A nivel país los datos son más elocuentes sobre la aplicación desigual de las reglas: Los negros conforman el 40% de la población carcelaria, mientras que representan solo el 13% de la población total.
Más allá de la desigualdad de la justicia que ven algunos, o de su eficiencia por no juzgar a nadie como chivo expiatorio según la visión de otros, lo trascendente es que el caso Ferguson demuestra que se necesitan profundos cambios políticos para neutralizar la discriminación, el racismo y la violencia. Esta situación se puede extrapolar a otras ciudades de EEUU, así como también a países latinoamericanos.
En casi todas y todos se viven situaciones similares de discriminación que la justicia no logra aplacar, como las que padecen minorías étnicas, indígenas, inmigrantes y pobres. Debido a ese eterno desconsuelo y desconfianza que causa una administración de justicia desigual, América latina se ha convertido en la mayor región del mundo con casos de justicia por manos propias o linchamientos y con cantidad apabullante de grupos parapoliciales o paramilitares incentivados por los propios estados para operar al margen de la ley.
Un estudio reciente de la Universidad de Vanderbilt no solo revela que el crimen y la violencia representan la mayor amenaza para las democracias latinoamericanas, sino que la confianza en la justicia (o percepción de injusticia) tocó fondo en 2014. El Barómetro para las Américas de Vanderbilt, que mide los factores que generan confianza y desconfianza para la convivencia social, remarca que la impunidad y debilidad institucional de la justicia, son los aspectos que más potencian el clima de inseguridad.
Si bien se remarca la bonanza económica alcanzada en la región y que millones ya no estén dentro del rubro de pobreza extrema, se muestra el pesimismo general ante la sensación de inseguridad, un sentimiento que se fue acentuando en la última década. En 2004 la preocupación máxima era la economía, hoy es la violencia, el crimen y la impunidad. Los datos son fuertes: Uno de cada tres homicidios en el mundo se comete en América latina que tiene la mayor tasa con 23 asesinatos cada 100.000 habitantes de promedio. En Centroamérica esa tasa sube a 34.
La violencia no solo genera estadísticas, sino miedo. El 40% de los latinoamericanos teme ser asaltado o asesinado en la calle o en transportes públicos, así como en sus propios barrios, donde asedian el narcotráfico y las pandillas juveniles. Además, existe poca confianza en los cuerpos policiales; en muchos países más cercanos a los delincuentes que a los ciudadanos.