Desde que se firmó el contrato de asociación de YPF con la petrolera estadounidense Chevron, en 2013, se ha mantenido el manto de confidencialidad que pretende el acuerdo, violando expresamente los principios constitucionales de hacer públicos los actos de gobierno, más en este caso que partió de la irregularidad de eludir una licitación pública internacional como correspondía.
Esta falta de transparencia amparada por el gobierno anterior, llegó a la Justicia para que se conozcan los puntos ocultos del documento. La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al pedido de divulgar las incógnitas del polémico contrato, por considerar que la empresa está alcanzada por el derecho de acceso a la información pública, reconocido expresamente en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, desde su reforma de 1994, y reglamentado en el Decreto 1172/2003.
Es decir, este tipo de información no pertenece a una gestión de gobierno sino que es del pueblo argentino, más si la compañía norteamericana dispondrá de las reservas de hidrocarburos más importantes de la Argentina durante 35 años, incluyendo el yacimiento de Vaca Muerta. En su descargo, YPF mantiene firme la posición contraria a la divulgación de ciertas cláusulas geológicas, técnicas o financieras sobre la explotación porque, según argumenta, se trata de una empresa que cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y de Nueva York y, como tal, debe velar por los derechos de sus accionistas, tanto públicos como privados y también porque es información reservada, no del convenio sino de estudios y exploración efectuada por Chevron. Por ello, ve con preocupación que se divulgue información confidencial que colocará a la compañía en una posición desventajosa frente a sus competidores, contratistas y potenciales socios.
Pero más que cláusulas sensibles a los fines comerciales de la compañía, lo que estarían ocultando los puntos secretos, sería la conformación de sociedades ‘off shore’ creadas especialmente para el ingreso de los 1.240 millones de dólares aportados por Chevron de manera irregular para la Argentina. En ese contrato secreto también hubo el compromiso de nuestro país de reformar leyes federales, como la flamante ley de hidrocarburos -votada a libro cerrado por la mayoría kirchnerista- y hasta precios del crudo muy superiores a los ahora vigentes en el mercado internacional, pero que YPF debería pagarle a Chevron por lo obtenido en Vaca Muerta.
YPF niega estas versiones, por eso es indispensable saber la verdad ante otro probable caso sospechado de infringir principios legales o éticos.