Inclusive, el líder de la Cruzada Renovadora aguardó el desenlace, que llegó formalmente aquel el 26 de agosto de 2002. Ese día, la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados dispuso su suspensión y minutos después, el bloquista Wbaldino Acosta se hacía cargo de la gobernación. De esa forma culminaba la gestión del caudillo cruzadista, la cual estuvo atravesada por una profunda crisis social, el retraso en el pago de los sueldos a los estatales, los paros docentes y la escasez de fondos para resolver los problemas.

Avelín llegó al poder en 1999 de la mano de la Alianza por San Juan, el armado político que reunió a bloquistas, radicales y cruzadistas. Pero con el transcurso de la gestión, las diferencias políticas salieron a la luz y la relación entre las fuerzas se rompió. El caudillo encaró el tramo final de su gobierno acusando a la Nación de ahogar a la provincia económicamente, ya que los recursos de la coparticipación no ingresaron durante semanas. En ese marco, la administración aliancista dejó de pagarle el sueldo a los estatales durante 4 meses y enfrentó una seguidilla de huelgas de los docentes.

Ese combo de inestabilidad condujo a que todo el arco político le soltara la mano a Avelín. Los máximos referentes del partido justicialista, José Luis Gioja y Jorge Escobar, aseguraron que el gobierno estaba agotado. Por su parte, los bloquistas, según reveló DIARIO DE CUYO en su momento, trabajaban en los equipos técnicos que acompañarían al sucesor Wbaldino Acosta y los radicales ya se habían alejado de la estructura orgánica de la Alianza. Así se llegó a la sesión del 26 de agosto de la Sala Acusadora, la cual necesitaba 12 votos de sus 18 integrantes para suspender al entonces mandatario. Al final, serían 16 los diputados que se manifestarían a favor de separar del cargo al líder de la Cruzada: los 8 legisladores peronistas, 3 bloquistas, 3 radicales y 2 independientes. A las 23.40 de ese día, la escribana mayor de Gobierno puso en funciones a Acosta.

Avelín rechazó la posibilidad de defenderse del proceso que llevaron a cabo los diputados y el 24 de septiembre de ese año se materializó la destitución, de la mano de la Sala Juzgadora de la Cámara. Con el fallo en la mano, el ex gobernador recurrió a la Corte Suprema de Justicia pero no tuvo éxito.