El 16 de noviembre de 1992, a 24 días de cumplir tan sólo un año al frente de la provincia, el gobernador justicialista Jorge Escobar recibía un mazazo político: la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados decidía suspenderlo de su cargo y habilitaba a su vice, Juan Carlos Rojas, a tomar las riendas del Ejecutivo. Bajo el mecanismo de juicio político, Escobar era acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la presunta comisión de delitos en el desempeño de sus funciones. Tras la suspensión, la Sala Juzgadora debía decidir su destitución, situación que se produciría tiempo después. El entonces gobernador había sido denunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por haber llevado empleados del obrador central a trabajar en una finca de su propiedad, en Jáchal, además de haber usado más de 12.000 plantines del vivero provincial, maquinarias y equipos de Hidráulica para hacer el pozo de agua y a empleados del ex SES para el tendido de 2.600 metros de línea de alta y media tensión en la misma propiedad.

Desde el retorno de la democracia, Escobar fue el primer mandatario provincial en ser desplazado a través de un juicio político. La suspensión dejó al descubierto la feroz interna del justicialismo, ya que Rojas, el vice, avaló el procedimiento que le permitió llegar al poder en San Juan y mantenerse por 2 años. Es que luego de la destitución, Escobar, quien contaba con el respaldo del entonces presidente Carlos Menem, recurrió a la Suprema Corte de Justicia, la que anuló la resolución y lo restituyó en el cargo en diciembre de 1994. Al año siguiente, volvería a ser elegido como Gobernador.

El proceso contra el mandatario arrancó pasadas las 19 de aquel 16 de noviembre de 1992. En la Cámara de Diputados se reunían los 21 miembros de la Sala Acusadora que debían decidir si suspendían o no a Escobar. Tras horas de debate, los legisladores bloquistas y de la Cruzada Renovadora, que eran 12 en total, se impusieron contra los 8.
A la hora de la definición, los legisladores bloquistas se unieron a los de la Cruzada Renovadora y juntaron 12 votos, superando a los 8 justicialistas, quienes contaron con el apoyo de la radical Fátima Farías. Con esa mayoría, la Sala acusó a Escobar de los deberes a su cargo y por la presunta comisión de delitos en el desempeño de sus funciones, lo suspendió y abrieron la puerta para su destitución.