La histórica investigación judicial encarada en San Juan por explotación y trata laboral de más de 40 trabajadores golondrinas de Tucumán había dejado como saldo la detención de 3 sospechosos que terminaron procesados, pero un Tribunal superior revisó el fallo y los liberó, aunque por motivos distintos. Al exfuncionario del Ministerio de Producción, Ricardo Zabala, le dictaron falta de mérito, aunque sigue bajo la mira de la Justicia. En cambio, al productor agrícola Aldo Jorge Carrascosa y al capataz Julio Córdoba les confirmaron los procesamientos, pero les revocaron la prisión preventiva. Por lo tanto, ambos están más cerca de llegar a juicio oral, aunque fuera de las rejas del Penal de Chimbas.
El expediente había llegado a la Cámara de Apelaciones de Mendoza, luego de que los abogados defensores cuestionaran el fallo dictado por Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal Nº2. La resolución del tribunal es del pasado jueves, aunque recién trascendió ayer. En la práctica, implica que en el caso de Zabala, no hay pruebas para que siga procesado, resaltó su defensor, Fernando Echegaray. Es decir, que el grado de probabilidad de su responsabilidad en el hecho es nulo, pero la falta de mérito significa que seguirá bajo investigación por si aparecen otros elementos que lo incriminen o, por el contrario, se lo desligue definitivamente. Por el lado de Carrascosa y Córdoba, la situación es distinta. Miguel Dávila Saffe, abogado del primero, explicó que la Cámara entendió que no hay riesgo de fuga y que no entorpecerá la investigación. Sin embargo, a la Policía Federal le tomó 15 días encontrarlo.
El caso cobró repercusión y notoriedad porque es el primero en la historia de la provincia en el que se averigua la captación de empleados para la explotación y trata laboral en la actividad vitivinícola. En ese marco, cayó Carrascosa, un conocido productor de uva y frutas, y también quedó involucrado Zabala, quien fuera el número 2 del Ministerio de Producción del 2003 al 2007. La causa estalló en noviembre de 2014 (ver cronología), cuando unos 30 tucumanos llegaron a trabajar en una finca que Carrascosa tiene en Albardón. Según la denuncia, fueron alojados en un galpón precario, en el que dormían hacinados en el piso, contaban con una letrina infestada de moscas y les daban poca comida. Inclusive les cobraban por usar agua y cargar las baterías de los celulares. En diciembre, en un operativo de control en una finca en Zonda, también del productor, organismos públicos detectaron a más de 10 empleados en condiciones irregulares y que estaban alojados en la propiedad albardonera.
Carrascosa está señalado como el principal beneficiario de la explotación de los obreros, mientras que Córdoba fue el encargado de reclutarlos. Ambos siguen procesados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, cuya pena mínima es de 5 años, por lo que de ser declarados culpables, terminarán en prisión.
En la declaración que había dado en la Justicia, Carrascosa trató de desligarse y culpar a Zabala, al asegurar que le había alquilado el predio en el que estaban los tucumanos. Sin embargo, su abogado resaltó que el exfuncionario fue contratado por el productor para asesoramiento del tratamiento de la uva en fresco y que cuando estalló el caso con los empleados golondrinas, Zabala había terminado hacía meses toda relación contractual con Carrascosa y no tenía ningún vínculo con la finca.