En este caso, Graffigna era asesor de la institución San Vicente de Paul y recomendó la venta de los derechos de un juicio de expropiación de un terreno que la sociedad tenía en Rawson, donde se construyó el barrio Monseñor Orzali. Los compradores fueron Miguel Suraty (con el 65 por ciento) y Mónica Almeida (con el 35 por ciento restante), que luego lo cedería a Celina Infante. Por la cesión, la institución recibió 65 mil pesos. Pero en la causa ya había sentencia firme por 1,2 millones de pesos y el abogado resultó ser representante de los que adquirieron los derechos del proceso. En la investigación penal, cuando se les preguntó a las mujeres que formaban parte de la entidad si conocían que había una resolución de ese tipo, dijeron que no tenían idea y que de haberlo sabido, nunca hubieran cedido el juicio. Por eso es que el fiscal Rodríguez solicitó que se investigue a Graffigna por el delito de estafa. De acuerdo a la denuncia, el juicio estaba a cargo de la por entonces jueza Miriam Bettio, duró más de 10 años y nunca hubo resolución favorable a los pedidos de embargar las cuentas oficiales. Pero Infante la recusó sin causa en 2008 y se tuvo que apartar. A esa altura Graffigna ya representaba a Suraty y el proceso pasó a Marún, la titular del Primero Civil, que en menos de dos meses ordenó el pago y el embargo de fondos del Estado por 1,2 millones de pesos.
