La Corte de Justicia resolvió anular otro de los polémicos fallos que dictó el juez Carlos Macchi, quien está siendo sometido a un Jury de Enjuiciamiento por su dudosa participación en juicios de expropiaciones. El magistrado le había impuesto a la provincia pagar 1,8 millones de pesos por tan solo 124 m2 y la Sala III de la Cámara Civil ratificó su decisión, pero el máximo tribunal entendió que la cifra es desproporcionada y ordenó que el expediente pase a otro juzgado de primera instancia para que se dicte una nueva resolución que se ajuste a valores razonables. Antes le habían revocado su sentencia en la causa “Yanzón de Graffigna”, que fue el precedente para que se revean los montos indemnizatorios.
Es la tercera vez que la Corte deja sin efecto un fallo de expropiación por fijar montos irracionales. A los dos de Macchi se agrega otro dictado por el exjueza Rosalba Marún de Sobelvio en la causa Carbajal (ver aparte). Entre los tres suman casi 82 millones de pesos pero, a partir de la nulidades, la cifras deberán ser revisadas y es un hecho que el Estado pagará mucho menos.
El último fallo revocado por el máximo tribunal está caratulado como “Herrería, Gustavo” y se trata de una vereda de 124 m2 sobre Paula Albarracín de Sarmiento. La decisión del máximo tribunal golpea al juez Macchi, ya que establece que se debe abonar el valor objetivo y real de un inmueble y que la participación del Tribunal de Tasaciones es obligatoria, según las nuevas leyes que rigen los procesos de expropiaciones. El magistrado había hecho todo lo contrario, ya que le dio por decaído al organismo el derecho de presentar su informe y sólo tomó en cuenta la valuación que presentó el abogado Santiago Graffigna en representación del expropiado.
El fallo fue apelado y cayó en la Sala III de la Cámara Civil, que convalidó gran parte de la resolución, salvo una readecuación de precios y las valuaciones de rubros como vereda y muro de cierre. El actual fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Corte argumentando que se debía aplicar la nueva ley de expropiaciones, en donde figura la intervención obligatoria del organismo tasador y que se debe pagar por el valor real del inmueble. Los cortistas atendieron el planteo y revocaron la resolución de los camaristas y por decantación, la de Macchi.
El fallo de la Sala Civil además reveló un sospechoso cambio de criterio. En los casos “Ruiz, Guillermo” y “Yanzón de Graffigna” (conocido como canal Playas), los camaristas, con Moisés Moya a la cabeza, hicieron lugar a la readecuación de precios que pidió Graffigna y avaló Macchi, lo que disparó los valores a las nubes. Sin embargo, en “Herrería”, la Sala rechazó ese ítem sin fundamentos y sin que hubieran cambiado las circunstancias y los hechos, según destaca De Sanctis. El fiscal sostiene que todo se debió a que ya se había realizado la denuncia penal por el escándalo de las expropiaciones y que los camaristas intentaron ponerse a resguardo. Por eso, dijo que “hay grandes posibilidades” de llevar adelante una denuncia penal contra Moya, “quien tenía un estrecho vínculo con Graffigna”.