La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del Grupo Clarín que reclamaba una prórroga de la medida cautelar que paraliza la aplicación del artículo 161 sobre la desinversión o adecuación de licencias que puede tener cada grupo económico e instó a los jueces a dictar “una sentencia de fondo y no cautelar”. Al mismo tiempo, exigió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, también “con carácter de urgente”, que sortee a los dos jueces que deben completar el tribunal para que resuelva el pedido del Grupo Clarín para extender la medida cautelar, hasta tanto se defina si la desinversión es o no constitucionalmente válida.
Este último pedido tuvo eco casi de inmediato ya que los camaristas, Jorge Morán y Marcelo Duffy fueron sorteados para integrar la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal y resolver las recusaciones y excusaciones de jueces de este último tribunal, en el marco de la causa por la Ley de Medios.
Los jueces sorteados integrarán con la camarista Civil y Comercial Federal, María Susana Najurieta la sala que tiene que resolver las recusaciones y excusaciones que el Gobierno planteó a los magistrados que deben resolver la ampliación de la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín por la Ley de Medios.
Najurieta es la única integrante de la Cámara que no fue recusada, mientras que los restantes seis jueces del tribunal fueron objetados por el Gobierno por haber participado en Miami de un congreso supuestamente auspiciado por una empresa del Grupo Clarín. Como no quedaron jueces del tribunal para resolver se convocó a camaristas del fuero Contencioso Administrativo.
En su acuerdo de ayer y por unanimidad, los jueces de la Corte resolvieron “requerir” al juez Horacio Alfonso, quien tiene a su cargo la denominada Causa Clarín, “el inmediato dictado de una sentencia definitiva” y para ello resolvió “habilitar los días y horas que fueran menester”, lo que incluye fines de semana y feriados.
El Grupo Clarín había planteado una extensión de la medida cautelar que mantiene frenado al art. 161 argumentando que se estaba produciendo una situación de ‘denegación de Justicia‘, por maniobras que atribuyó al Gobierno. Al respecto, la Corte siguió lo que es su propia doctrina en materia de no tratar cautelares, aunque reconoció, con las firmas de todos sus integrantes que “la falta de sentencia definitiva en el caso implica una denegación de justicia”. Si bien los jueces no hicieron lugar a la prórroga, aceitaron todos los mecanismos, en todas las instancias, para que en lo inmediato incluso con la posibilidad de que sea antes del 7-D se resuelva si la cláusula de desinversión es o no constitucionalmente válida. (DyN, Télam)