El estado de inseguridad no sólo alteró la vida de los argentinos sino que sigue en aumento y con una variedad de hechos delictivos cada vez más violentos desde que la droga alteró la conducta de los maleantes y borró los códigos que regían en el hampa. La criminalidad no es un fenómeno localizado en los grandes conglomerados urbanos sino en todos los rincones del país.

Se matan, roban y secuestran a personas en cualquier lugar, desde un arrebato hasta la violenta irrupción en un domicilio, céntrico o en el campo, y la indefensión de la ciudadanía es acompañada por la impunidad. Hay denuncias que no se investigan, otras ni las recibe la Policía desalentando a las víctimas de un hecho común, porque debido a la cantidad de ilícitos tienen más peso las tragedias de repercusión mediática. Se habla de zonas liberadas, complicidad de agentes corruptos y de una Justicia permisiva para detenidos que abandonan rápidamente una comisaría, o beneficios a los delincuentes peligrosos que reciben graciosas salidas transitorias de la cárcel.

Este panorama lamentable es reflejo de lo que pasa en San Juan, o en cualquier lugar del país, porque el delito se ha potenciado y extendido en la Argentina de las más variadas formas, aumentando la cantidad de víctimas de la misma manera que se incrementó el miedo en la comunidad al ser potencial blanco de un robo y asesinato. En tres de cada cuatro hogares argentinos existe un fuerte sentimiento de inseguridad, según revela la encuesta anual del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

El informe señala que el problema de la inseguridad ha ido empeorando año tras año, más allá del contexto político, económico y social, afectando en particular a la clase media profesional. La sensación de inseguridad está plenamente justificada en un notable crecimiento, de un 20% entre 2010 y 2014, en el país de acuerdo a los robos sufridos por cuatro de cada diez familias. Y el 75% de los entrevistados, de todas las condiciones económicas, tiene miedo de ser inminentemente víctima de un delito.

El cruce de datos de las encuestas de victimización y de sentimiento de inseguridad permite observar la relación entre esos campos para producir un ascenso del temor entre los ciudadanos. Y también puede comprobarse una opinión compartida por los especialistas en seguridad pública: una vez instalada la inquietud colectiva por un incremento real de robos y homicidios, la percepción no disminuye, aunque bajen los niveles delictivos.