Esta semana, el poderoso Barcelona donde Messi juega a muñequito de Playstation, perdió. Eso sí que es noticia, pero más aún: se quejó del árbitro. Ellos, justo, los que llevan estampado el sello de Unicef en el pecho porque no aceptan que ninguna marca manche su blaugrana inmaculado. Ellos, que atormentan al mundo con la corrección más pasmosa desde el primero al último, haciendo cumbre en su DT, Pep Guardiola, a quien todos quisieran tener de amigo leal o de yerno insospechable. Sí, ellos. Pero fue la excepción.
Mismo día -martes 20-, pero un poco más temprano de aquel tropiezo de Messi en el Giuseppe Meazza milanés, la Corte de La Haya leyó el esperado fallo en el diferendo argentino-uruguayo por la radicación de Botnia sobre el Río Uruguay. Derrota nacional disfrazada por el gobierno de conquista principista, y una queja mucho más previsible: contra al árbitro, como el Barça, salvo que en nuestro caso ya es costumbre.
No es fue otra cosa que eso, renegar del arbitraje, el reflejo inmediato de la multitud reunida en torno a un puente cortado hace 4 años bajo la presunción de que Botnia contamina las aguas del río para esperar el fallo del tribunal internacional que opinó otra cosa: dijo que si bien los uruguayos violaron el tratado bilateral de manejo del río, no lo hizo en su parte sustantiva y que Argentina no pudo probar que los efluentes de la planta de celulosa generen un daño irreparable al medio ambiente, la idea detrás de la cual milita con modos drásticos desde hace tiempo.
Habrá que subrayar un par de datos para poder avanzar. Primero, que la apelación al tribunal -establecido por el acuerdo bilateral como árbitro inapelable ante un posible diferendo- fue una decisión argentina. Es decir que siempre supo la ofensiva legal nacional emprendida con el lógico dolor de enjuiciar a un hermano quiénes son y qué métodos usan en La Haya para emitir sus fallos. ¿Dirán ahora que hay jueces delivery, como se acostumbra a descalificar en el país a los magistrados?
Segundo, que pese a la certeza con que se manejaron los manifestantes que cortaron el puente internacional sobre la contaminación del río, nunca pudo convencer a ningún tribunal de sus argumentos. Primero fue el Banco Mundial -el organismo que financia la radicación de Botnia y al que Argentina apeló para que dejara de hacerlo- el que rechazó el pedido. Luego fue la misma Corte de la Haya en el pedido cautelar, es decir que mientras se sustanciara el juicio se paralizaran las obras de Botnia. Y luego en el fallo de fondo de esta semana que no dio lugar al reclamo argentino más allá de consolarnos con el bálsamo del reconocimiento por la violación del tratado.
La respuesta ciudadana a esa situación no fue otra cosa que el recrudecimiento de la lucha, salvo que ahora sin argumentos. Porque hasta esta semana pudo justificarse el sacrificio de miles de manifestantes en la esperanza de ver reconocidos sus derechos en un tribunal internacional. Pero a partir del martes pasado, no hay ninguna ilusión que tenga sustento en ninguna expectativa. Reclamamos y perdimos.
Por el contrario, afloró aún más la intolerancia propia de un país sin ley y al que acaba de agregar el mismo gesto interno a su rol en el mundo: los de La Haya no saben nada, hay una conspiración liderada por los que no nos quieren, el mundo en contra nuestro. En fin.
Y voces de militantes que durante cuatro años decidieron por propia voluntad que la comunicación con Uruguay no vale un rábano, que la vida social, económica y cultural entre ambos países, tampoco. Y que la lucha debe continuar, ya bajo el difuso objetivo de que vaya a saber quién reconozca lo evidente -siempre según nuestro propios ojos- vaya a saber en qué lugar.
Intolerancia redoblada, el viejo pretexto de que cualquier lucha bien vale mortificarle la vida al prójimo, apañado por la visión gubernamental de que ninguna persona que se interponga en una ruta merece ser corrida de ese lugar, bajo la fórmula de no +criminalizar la protesta social+. Que figurará en la lápida de esta gestión: CFK nunca consiguió recuperar la voz desde aquella vez hace ya dos años en que los ruralistas consiguieron sitiarla paralizando el país de la misma manera en que los entrerrianos sitian al pueblo uruguayo. Cortando rutas.
Todo bien de este lado, si es que la agenda de cortes deberá ser incluida como parte del paisaje de la agenda informativa nacional. Pero no habrá que perder de vista que cortar una calle, una ruta, un puente, debe leerse como un reclamo posible de ser solucionado, un llamado a la negociación. Y acá es donde la acción de Gualeguaychú aparece entrampada: ¿un reclamo contra quién?, ¿un intento de torcer la voluntad de quién, ahora que el tribunal al que la propia Argentina decidió apelar, ya se manifestó en nuestra contra y no hay una instancia de apelación?
Lo más curioso es que no haya surgido desde ningún rincón de quienes forman opinión pública alguna mísera apelación a la racionalidad de acatar los fallos internacionales. Alguien que levantara el dedo y se preguntara en voz alta si no habrá llegado el momento de aceptar la derrota. Algo que parece tan evidente, pero nadie se ha atrevido a pronunciar. O por temor a poner la cabeza en la boca del león en esto de contradecir a una convicción popular que ya acuñó su propia sentencia aunque no lo pueda probar: Botnia contamina y punto. O por no contradecir algún otro interés en juego.
No lo podrá hacer el gobierno, ya una voz desacreditada ante tanto zigzagueo. Primero alentando el corte desde la tribuna montada por Kirchner y los gobernadores en Gualeguaychú para mandar un mensaje a su entonces detestado Tabaré Vázquez, y luego pidiendo que se levante.
Tampoco ahora, porque su reacción ha sido la de negar lo evidente: no hubo derrota. La novedosa interpretación oficial indica que el tribunal de La Haya ha reconocido que el tratado bilateral fue violado por Uruguay y que nunca más podrá ser vulnerado por nadie. Punto. No importa si la parte sustancial, la que acusaba a la compañía celulosa de contaminar el río, no pudo ser probada. Mirada selectiva.
Pero lo más extraño es que desde ningún otro sector político o social se hubiese ensayado algún llamado a la cordura, aunque eso significara contradecir a las franjas populares y a los sectores de clase media que compraron el reclamo medio ambiental. Probablemente, haya pesado más la conveniencia de que el gobierno mantenga sin solución los problemas que tiene. Si fuera así, nuevamente las riñas de entrecasa atentando contra el interés nacional.
Es que todos -gobierno, oposición y sectores sociales diversos- contribuyeron de alguna manera a consagrar con sentido inapelable esas verdades que suelen lanzarse a rodar y que ahora, con el fallo de La Haya, se han quedado sin plataforma.
Del lado uruguayo reaccionaron con cautela para no embarrarla. El gobierno desplegó a lo largo de todo el conflicto un criterio desideologizado: el de Mujica es el segundo gobierno de izquierda que se pone al frente de una empresa multinacional sospechada de contaminación, el mismo diseño que la izquierda local cuestiona con las mineras. Igual que la gente, beneficiaria directa de la actividad que genera.
Del lado argentino es otra cosa. Con el peligro de que cualquier estornudo genere causas dignas de ser defendidas en calles cortadas o escuelas tomadas, como se ve incluso en San Juan. Y que cualquier fallo judicial -desde un juez de paz hasta una corte internacional- termine siendo papel pintado.