Tan sorpresiva como inédita, la decisión del juez federal porteño Ariel Lijo, de dictar el procesamiento de Amado Boudou, el primer vicepresidente en ejercicio de la Argentina sospechado de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función, junto a otras personas vinculadas al llamado "caso Ciccone”, es un acontecimiento que obliga a reflexionar más allá de este hecho puntual.
Lo más importante para tener en cuenta es la credibilidad que esta circunstancia otorgar al funcionamiento de las instituciones en la estructura republicana, como corresponde en un país donde se ha consolidado la democracia y ha dado pruebas como sistema insustituible de la libertad que gozamos los argentinos. Lijo seguramente tuvo elementos contundentes que lo llevaron a tomar esta medida sin precedentes y, al actuar sin interferencias ni presiones externas, optó por acortar los plazos procesales impidiendo que los procesados dilataran más las actuaciones con los pedidos de prórroga para las indagatorias y también el magistrado pudo pensar en que no siguieran las especulaciones mediáticas de cada día.
El Ministerio Público y la Justicia Federal ha cumplido con su convicción y cometido y, en términos resolutorios, hay coincidencia de letrados y jurisconsultos de que este proceso ha seguido las vías correspondientes sin importar quienes estaban sospechados. Hubo una investigación que como pocas veces trascendió a la opinión publica y ahora cabe esperar los tiempos tribunalicios, que son largos, para seguir el complejo entramado de la instrucción que de lugar al juicio oral, tras las apelaciones que ya se han anunciado.
La indagatoria y procesamiento de Amado Boudou, frente a la sospecha de que el vicepresidente habría incurrido en graves irregularidades al intentar salvar a la ex imprenta Ciccone Calcográfica de la quiebra cuando era ministro de Economía, en una maniobra en la cual aparecen involucrados José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, es una etapa cumplida en el proceso judicial.
Queda ahora la cuestión política del problema, que responde a decisiones personales y de lo que pueda resolver el Ejecutivo ante una situación que podría ser insostenible. Pero es la positiva división de los poderes del Estado la que debe gratificar a la opinión pública.