El Gobierno nacional tiene en su poder 113 ternas para nombrar jueces, pero el trámite sigue frenado. No hay motivos para tanta demora, ya que el camino a recorrer es simple: el Poder Ejecutivo recibe una terna de candidatos desde el Consejo de la Magistratura y elige a uno. Sin embargo, 25 de los 113 expedientes que acumula el Gobierno esperan desde hace más de un año y en lo que va de 2010 la presidenta Cristina de Kirchner sólo eligió cuatro jueces.
Mientras tanto, más del 20% de los juzgados nacionales y federales están vacantes, y por tanto, los expedientes se acumulan, las causas se demoran y hay que recurrir a soluciones de emergencia; es decir, jueces vecinos que quedan a cargo de más de un tribunal o subrogantes, suplentes de dudosa constitucionalidad. El de los jueces provisionales es un problema grave y de carácter epidémico que debe ser resuelto con urgencia. Es un fenómeno que se extiende en las provincias y en la Nación, donde existe desde hace años la figura del juez subrogante como situación transitoria, generalmente prolongada, que precariza y debilita la función de los magistrados y obedece al incumplimiento del deber de designar los jueces de acuerdo con los procedimientos constitucionales.
No se puede relativizar la importancia que tienen para la independencia judicial los sistemas de selección, designación y remoción de los jueces e igualmente la reforma del Consejo de la Magistratura, ya que la Constitución establece con claridad que debe tener una composición plural y equilibrada. Sólo cuando la composición del cuerpo reúne ambos requisitos estos organismos logran cumplir con los objetivos para los que son creados. La presencia sustancial de los jueces en este Consejo es crucial, y en particular es fundamental evitar la interferencia y la influencia predominante del poder político.
Los problemas vinculados a la Justicia y su independencia son múltiples y se manifiestan también en los condicionantes presupuestarios, las presiones políticas y la remoción de los jueces. Ha habido casos de destituciones arbitrarias en distintas provincias. Resulta vergonzoso para el sistema democrático que el gobernador de Santa Cruz haya desobedecido la orden judicial de reponer en el cargo a un funcionario removido en 1995, por Néstor Kirchner cuando era gobernador de esa provincia.