Baltasar Garzón fue un juez mediático que durante casi 25 años ha cultivado una imagen dicotómica y generadora de alabanzas y rechazos, en función del criterio que, como juez, se han formado de él partidarios y detractores. Capaz de investigar simultáneamente numerosas causas desde la visibilidad española e internacional que le confería el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Garzón se caracterizó por no haber dejado nunca indiferente a nadie. Se acostumbró a acaparar de modo hiperactivo sumarios a partir de indicios discutibles y en numerosas ocasiones al filo de la navaja procesal, lo que le ha costado severas desautorizaciones de instancias superiores y sonadas críticas de sus colegas, por trabajar en el límite del Derecho Penal.

Supo granjearse cotizada admiración como un defensor de los derechos humanos y las libertades públicas, bajo la imagen de justiciero universal e infatigable látigo contra la corrupción, el narcotráfico, las dictaduras y el terrorismo. También fue el juez ubicuo de la "memoria histórica” que quiso juzgar a Francisco Franco; el de la operación "Gürtel” contra el Partido Popular; o el que impulsó el arresto de Augusto Pinochet en Londres, lo que lo hizo famoso más de las fronteras de España. Tras un tenso año y medio, el gobierno británico denegó su extradición y liberó a Pinochet, dando el primer gran revés para el juez estrella español. En 1989 fue el primer magistrado que se desplazó a Francia a interrogar a terroristas etarras. También se había hecho cargo de la investigación de los desaparecidos españoles durante la dictadura argentina y chilena, dando a su currículum un matiz de justicia universal. En 1993, Garzón dio una efímera vuelta de tuerca a su carrera cuando decidió que sus siglas políticas serían las del PSOE. Fue el fichaje estrella de Felipe González que ganaría sus últimas elecciones con Garzón como número 2 de su lista por Madrid. Siempre polémico, y a menudo conflictivo, ahora ha sido destituido y castigado como un juez prevaricador. La consecuencia de la condena a once años de inhabilitación especial, es que dejará de ser juez. Será expulsado de la carrera judicial, y no podrá solicitar su rehabilitación hasta que no transcurran esos 11 años, más los 5 que tardarán en cancelarse sus antecedentes penales. Sólo entonces podrá presentarse de nuevo a la oposición y aprobarla para reingresar en la carrera judicial, dejando de lado la sobreactuación y ejercitando la discreción.