La organización terrorista vasca ETA (Euskadi Ta Askatasuna, o País Vasco y Libertad), decidió el cese definitivo de su actividad armada, tras más de cinco décadas de actos terroristas que dejaron 850 muertos, miles de heridos y daños materiales, consecuencias de atentados, asesinatos, secuestros y extorsión económica en España y Francia. Como lo hizo otras veces que anunció el fin de la lucha armada, el grupo armado del movimiento independentista, nacionalista vasco marxista-leninista, sostiene ahora que su "compromiso claro, firme y definitivo” de superar la confrontación armada busca abrir un proceso de diálogo directo destinado a solucionar "las consecuencias del conflicto” en el País Vasco.
Si bien la decisión de ETA fue recibida con alivio por los gobiernos español y francés, incluso el presidente José Luis Rodríguez Zapatero afirmó el jueves último que era una "victoria de la democracia”, el anuncio se toma con suma cautela ya que en otras oportunidades fue parte de una estrategia en víspera de elecciones -en este caso las legislativas del 20 de noviembre-, a fin de impulsar a la izquierda independentista para que logre una representación significativa en el Parlamento. Es sugestiva también la advertencia de la llamada izquierda abertzale, entorno político de ETA, sobre que el cese de la actividad armada "no cierra el conflicto político” del País Vasco y por ello urge a España y Francia a dar una respuesta política para lograr un acuerdo democrático sobre el reconocimiento del pueblo vasco y el derecho a decidir. Es decir, en el fondo todo parece estar intacto, como las armas que se debieron entregar junto al anuncio y las capuchas que los insurgentes no se quitaron como gesto de su salida de la clandestinidad.