Un nuevo operativo de control, realizado por personal de Conservación de Áreas Protegidas en la zona del cerro El Puntudo, ha dado como resultado la demora de cinco cazadores furtivos que guiaban una camioneta donde se hallaron dos guanacos depostados y armas largas de grueso calibre, y diversos elementos utilizados por los depredadores.
Este caso se suma a numerosos ataques a la flora y la fauna silvestre protegidas, cuyos procedimientos tienen amplia repercusión mediática desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, con un despliegue de precisiones y material gráfico pero sin conocerse los involucrados, incluso como presuntos contraventores, aunque los hayan sorprendidos in fraganti. Tanto el organismo citado, como las dependencias policiales, se reservan los nombres de los detenidos porque así lo dispone el juez interviniente. De allí en adelante todo queda en el secreto tribunalicio hasta que otro hecho resonante repercute en la opinión pública, como recordatorio de un estado de impunidad que permite las incursiones de los depredadores, por lo general reincidentes.
En este espacio venimos señalando el cuadro de violación reiterada de la legislación que protege a la fauna y la flora castigadas hasta el borde de la extinción, sin que las autoridades del área, los legisladores y los jueces promuevan cambios en las figuras penales y de los códigos de procedimientos para que esto realmente configure un delito en toda su dimensión. Debe tenerse en cuenta que quienes participan eluden fácilmente los cargos. La posición social y los recursos que utilizan, gracias a una buena posición económica, los aleja de los calabozos donde van los marginales.