El presidente de la Comisión Episcopal, José María Arancedo, afirmó ayer que “resulta agraviante para la dignidad de la mujer y los hijos la posibilidad del alquiler de vientres” y consideró que puede convertirse “en una fuente más de desigualdad por la explotación con estos fines de las mujeres pobres”.
El religioso objetó además la procreación asistida y expresó que “muchos países han limitado el uso de estas técnicas restringiendo el acceso a ellas a los matrimonios formados por varón y mujer y prohibiendo la bioconservación de embriones”.
Arancedo expuso ante la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil, en los que explicó los cinco temas que critican los obispos católicos sobre el contenido de la iniciativa oficial.
El religioso manifestó que el Episcopado consideró una “discriminación injusta” la que según opinión se comete en el artículo 19 de la iniciativa, ya que estima que “algunos seres humanos en condición embrionarios sean considerados personas, como los concebidos en el seno materno o los implantados, mientas que a otros se le niegue ese estatus básico”. También, sostuvo que el segundo punto de disidencia era “la equiparación casi absoluta entre el matrimonio y las uniones de hecho, por cuanto no reconoce en absoluto el derecho el matrimonio indisoluble caracterizado por el compromiso de fidelidad”. La tercera, dijo, se relaciona con las características de “la maternidad y la filiación”, que “crean incertidumbre en torno de la protección de los derechos de los niños”, y advirtió que “una sociedad que no privilegia los derechos de los niños por encima de los adultos, se empobrece”.
Finalmente, manifestó que el alquiler de vientres “no es un reclamo social ni es consistente con las tradiciones jurídicas, valores y costumbres del pueblo argentino” y afirmó que “degrada a la mujer gestante y posiblemente sea una fuente de más desigualdad por la explotación para estos fines de mujeres pobres”.