El destituido juez mendocino Otilio Romano, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, fue detenido ayer por la Interpol (Policía Internacional) en un domicilio en la localidad chilena de Reñaca.
Así lo había solicitado el ministro de la Corte Suprema de Chile, Adalís Oyarzún, quien ordenó la detención preventiva de Romano tras haber analizado la información entregada por el Ministerio del Interior sobre la petición de refugiado que hizo a Chile el destituido juez prófugo de la Justicia argentina desde agosto.
Luego de prestar declaración durante poco más de dos horas frente al juez chileno Sergio Muñoz, Romano quedó con arresto domiciliario nocturno, ya que su defensa alegó que el ex camarista tiene problemas de salud. Por lo que Romano sólo podrá salir de su casa en Chile durante las horas del día.
Con la detención de Romano, se avanza en el pedido de extradición solicitado por la Justicia argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de los que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano huyó a Chile y solicitó refugio político por lo que consiguió un visado de permanencia por 8 meses. En septiembre fue declarado prófugo por la Justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó finalmente en su destitución el 15 de diciembre de 2011. Más tarde, el juez federal mendocino Walter Bento pidió su captura internacional que ayer recién se concretó.
Romano figuraba en la lista de los más buscados por Interpol Internacional por “crímenes contra la humanidad”, junto a uno de los hijos de Muhamar Khadafy, y los ex funcionarios iraníes requeridos por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA.
Romano fue acusado de haber “omitido” en forma sistemática denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 con la Triple A y durante la última dictadura.
La posible extradición del destituido camarista a Argentina se relacionó en Chile con las gestiones del Gobierno de este último país para extraditar desde Argentina al ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza. La Justicia argentina aprobó la extradición de Apablaza, pero en septiembre de 2010 un organismo administrativo le otorgó la condición de refugiado político, lo que paralizó su entrega a la Justicia chilena.