Una resolución judicial suspendió la ejecución de una sentencia de remate de terrenos pertenecientes a una población aborigen de la provincia, la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, ubicada en El Encón, departamento 25 de Mayo. Es la primera vez que en San Juan se frena por esta vía la quita de terrenos a descendientes de indígenas, reconociéndoles la propiedad comunitaria de su territorio por aplicación de lo que señala la legislación nacional sobre el tema y la Constitución Nacional modificada en 1994.
En juego estaban unas 4.500 hectáreas de un total de 69.000 que esta comunidad habita y que se extiende desde la Ruta Nacional 20, a la altura del km 465, hasta la llamada “Cruz de San Pedro”, a la altura del km 435 de la misma ruta.
El conflicto comenzó cuando en un proceso de filiación entre los descendientes de los Bravo y de los Cantoni, dos familias políticas de la provincia vinculadas con el Partido Bloquista, la abogada María Soledad Medina Tonelli inició un proceso de ejecución de honorarios para lo cual pidió el remate de una fracción de los terrenos que los Cantoni se atribuían como propios. Así se llegó al remate de las tierras en cuestión, el 29 de mayo pasado.
Enterados del remate de parte de las tierras que vienen ocupando desde hace muchos años, la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, que tiene personería jurídica reconocida por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), con el patrocinio de los abogados Ariel y Andrea López, se hizo parte en el proceso como terceros interesados y cuestionaron el acto realizado. Incluso en el edicto de convocatoria al remate, publicado en los días previos al proceso, se consignaba que se trataba de una superficie “inculta” habitada por algunos “usurpadores”.
En realidad, ese campo de El Encón está actualmente habitado por 14 familias descendientes de los huarpes, que habitaron San Juan antes de la colonización española. Y que viven en condiciones muy difíciles por tratarse de una zona desértica de la cría de caprinos y bovinos, además del corte y venta del junquillo, que se utiliza para la confección de escobas (ver aparte).
Como consecuencia de la presentación, el titular del Tercer Juzgado Civil, Luis César Arancibia, resolvió suspender la ejecución de la sentencia del remate hasta el 23 de noviembre del 2013. Esa fecha tiene que ver con el plazo establecido en la prórroga de la Ley 26.160, que establece la suspensión de “las ejecuciones de sentencias, actos procesales y administrativos, que tengan por objeto el desalojo o desocupación de las tierras”.
El magistrado tuvo en cuenta para su resolución, que tiene fecha del 11 de diciembre pero que recién se conoció ahora, que la comunidad huarpe “ha venido ocupando el inmueble subastado de manera efectiva, actual, pública, pacífica e ininterrumpida desde tiempos inmemorables”. Además, consideró que el territorio que habita la comunidad en El Encón, en 25 de Mayo, se encuentra reconocido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el que llevó a cabo un relevamiento técnico catastral de las tierras de la comunidad en el 2010.
“A todas luces, dista mucho la situación de un usurpador a los pueblos originarios, toda vez que los derechos de estas comunidades se encuentran protegidos por convenios internacionales de rango constitucional”, señala el juez Arancibia en su resolución judicial.
Ariel Carmona, que integra el Consejo de Delegados de la Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, dijo que “estamos muy contentos porque se ha logrado frenar este remate de las tierras que venimos habitando desde la época de nuestros ancestros”.