A un día del 7-D, la fecha fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal prorrogó ayer cautelar que mantiene suspendido los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios ‘hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa‘. O sea, hasta que se resuelva la cuestión de fondo: si es constitucional o no el plan de desinversión y la posesión dominante de licencias.
Los camaristas Francisco De las Carreras y María Susana Najurieta, que habían sido recusados el día anterior, advirtieron que el Gobierno podría incurrir en “desobediencia” si desinvierte de oficio tal como había anunciado días atrás, Martín Sabatella, el titular de AFSCA, órgano de aplicación de la Ley de Medios.
Frente a este duro revés judicial, el ministro de Justicia, Julio Alak, informó anoche, que el Gobierno recurrirá hoy a la Corte Suprema de Justicia para pedir la nulidad de fallo apelando al recurso del per saltum, recientemente aprobado por el Congreso y que permite saltear a los tribunales inferiores. Pero más allá del pedido para que la Corte tome la causa apenas haya una decisión de primera instancia, será la misma Corte la que resuelva si acepta o no intervenir en el caso sin respetar la escalera tribunalicia.
La Resolución de la Cámara sobre la prórroga del amparo implica que sigue suspendido para el Grupo Clarín la aplicación del artículo 161 de la ley que establece la obligación de desinvertir los medios que no se adecuen a la norma.
De esta manera, queda sin efecto el llamado 7-D, que era el plazo que había fijado la Corte Suprema para el fin de la cautelar y que el gobierno nacional había presentado como la fecha de la puesta en marcha de la ley.
Ahora, se abren distintas posibilidades judiciales para que el Gobierno objete la Resolución, hasta llegar a la Corte Suprema. Pero, además, el juez de primera instancia que tiene la causa, Horacio Alfonso, debe resolver el fondo del juicio, que es si la ley es constitucional o no. Para eso, deberá esperar que se cumplan una serie de pasos procesales antes de estar en condiciones de hacerlo.
Alfonso fue instado la semana pasada por la Corte Suprema a resolver cuanto antes la constitucionalidad de dos artículos de la ley 26.522: el 45 que regula la multiplicidad de licencias y el 161 (desinversión), que impone plazos de un año para aquellos grupos que excedan la cantidad de licencias permitidas.
Fuentes del caso señalaron que el juez ya tendría escrito un borrador de ese fallo aunque era imposible que lo diera a conocer antes de hoy, -en el llamado ‘7D‘- por cuestiones obligatorias de los tiempos procesales.
Se espera no obstante que el magistrado difunda su resolución en los próximos días. Pero cualquiera de las decisiones que tome generará la apelación de la parte que se sienta afectada. En ese marco, ya sea el Gobierno o Clarín, tendrán la posibilidad de recurrir ante la Cámara en lo Civil y Comercial, la misma que ayer hizo lugar a la cautelar. Una vez que esa instancia resuelva el caso tiene aún la última escala en el pilar judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en definitiva, será la que dé la posición final sobre lo que deba hacer Clarín. (Fuentes: DyN, Télam)