Buenos Aires, 16 de septiembre.- Las fuertes críticas del sector empresario no lograron frenar este martes los dictámenes sobre la nueva Ley de Abastecimiento y los proyectos para crear un fuero de consumidores y un observatorio de precios, que el Frente para la Victoria firmó con la intención de sancionar este miércoles.
En una réplica de lo que fue el debate en el Senado, el oficialismo no contó con el apoyo de la oposición, que sólo se mostró a favor del fuero para consumidores y volvió a centrar sus críticas en las facultades que tendrían los funcionarios para controlar precios y aplicar multas sobre las empresas.
El debate tuvo lugar en un plenario de las comisiones de Asuntos Constituciones, de Comercio, de Industria, de Presupuesto, de Justicia y de Defensa del Consumidor, con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof, los secretarios de Comercio, Augusto Costa, y de Justicia, Julián Álvarez, y más de 50 invitados del arco empresario y de organizaciones civiles.
En ese marco, Kicillof defendió enérgicamente la actualización de la Ley de Abastecimiento y embistió contra el sector empresario: “No creemos un fantasma; acá no hay ningún Estado que venga a intervenir ni avasallar la libertad de empresa”, aclaró.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el proyecto oficial “tiene como principal objetivo defender a los consumidores de los innumerables abusos que sufren todos los días”.
Además, el funcionario cargó contra “quienes dicen que cualquier intento de defender a los consumidores es un intento de atentar contra la libre empresa”, al apuntar que “a la economía argentina estos 11 años le ha ido bien” sobre esa base.
Y advirtió a los legisladores: “No nos dejemos marcar la cancha por los beneficiarios de siempre”. “En lugar de montarse sobre la campaña mediática de Clarín y La Nación, pudieran haber traído aportes para defender al consumidor y las pequeñas y medianas empresas”, lanzó.
En tanto, Julián Álvarez remarcó que las pymes quedarán fuera de la aplicación de la Ley de Abastecimiento, de acuerdo a un cambio que se le introdujo en el Senado al proyecto original a pedido de la CAME.
El segundo de Julio Alak también respondió a los reclamos de la oposición por que los proyectos no contemplen la posibilidad de que los consumidores realicen reclamos colectivos. Al respecto, aclaró que eso “necesita una redacción especial” ya que “es un tema complejo”.
Asimismo, Augusto Costa sentenció: “No podemos aceptar que el mercado resuelva cosas que agravan las inequidades y las desigualdades”.
Por la UCR, el “agrodiputado” Ricardo Buryaile sostuvo que la Ley de Abastecimiento “no resuelve el problema de la oferta de bienes”.
“El Gobierno trata de modificar la realidad con la Ley de Abastecimiento cuando lo que hay que hacer es modificar la realidad con incentivos a producir y a vender”, analizó el formoseño, y agregó que “muchos de estos artículos que pretenden ser remedio terminan siendo veneno”.
En particular, Buryaile cuestionó que el artículo que excluye a las pymes lo haga “siempre y cuando no detenten posición dominante”: el radical se preguntó qué significará esto último para aplicar las multas, al poner como ejemplo una ferretería que es única en su barrio.
Por su parte, Claudio Lozano (Unidad Popular) coincidió con el Gobierno en que “la regulación pública debe primar frente a la concentración de mercado”, pero cuestionó la reforma a la Ley de Abastecimiento.
“El problema que tiene esa ley no es garantizar herramientas para intervenir en los mercados, sino en quién delegamos la construcción de la regulación pública”, evaluó el diputado.
Para Lozano, “sería más razonable poner en el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el ejercicio de la legislación en materia
de defensa de la competencia” en lugar de darle esa facultad a la Secretaría de
Comercio.
En el mismo sentido, el macrista Pablo Tonelli advirtió que términos como “ganancias abusivas” y “acaparamiento” no están “claros” en la ley, por lo que “esto va a quedar en la discrecionalidad del secretario de Comercio”.
El diputado de Unión Pro también consideró que “las sanciones son graves, no son poca cosa, las multas son elevadas”.
Por el mismo bloque, Federico Sturzenegger lamentó que “esta es una ley dañina” ya que “vamos a tener menos transparencia”.
A su vez, comparó la norma propuesta por el Ejecutivo con el cepo cambiario, al indicar que como resultado “hoy tenemos muchas complicaciones en ese mercado y los consumidores están pagando un precio más alto del que debían pagar por ese bien”.
Más dura, Patricia Bullrich centró sus críticas en el nuevo observatorio de precios, al alertar que “es un mecanismo absolutamente controlador” y “discrecional” ya que en su gran mayoría sus integrantes estarán designados por el Ejecutivo. “¿Por qué piensa que sistematizar es controlar?”, le respondió Julián Álvarez.
Por último, Omar Duclós (GEN-FAP) auguró que la Ley de Abastecimiento será declarada inconstitucional. “El Estado debe tener capacidad para regular, pero democráticamente. No podemos acompañar proyectos que avanzan en un Estado policíaco, intimidatorio”, dijo.
El presidente Consumidores Libres, Héctor Polino, aseguró que la creación de un fuero judicial para atender exclusivamente las relaciones de consumo “es un avance importantísimo” y comparó que tiene la misma “significación histórica” que la creación del fuero laboral.
Sin embargo, Polino cuestionó que se quiera limitar el monto del reclamo por vía judicial. Es que de acuerdo al artículo 42 del proyecto, el mismo no debe superar el valor equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles: al ser hoy el salario de 3.600 pesos, el monto del juicio no podrá superar los 198.000 pesos.
Para el exdiputado socialista, de este modo se establece una “justicia de menor cuantía”. “Es un error ponerle un límite al monto del reclamo. Constituye una discriminación al usuario o consumidor que considera que tiene derecho a un reclamo por un monto mayor”, sostuvo.
Las críticas más fuertes vinieron del titular de la Sociedad Rural, Miguel
Etchevehere, quien denunció que “el campo no necesita que se sancione este proyecto de ley para saber si va a tener efectos positivos o negativos porque el campo viene sufriendo las políticas que se quieren sancionar en esta ley durante los últimos 10 años”.
“Le damos trabajo a los productores norteamericanos, uruguayos, brasileños y paraguayos. Los mercados que perdió Argentina por las políticas que lleva actualmente al Secretaría de Comercio Interior desinhibe la inversión y causa desempleo. Por eso solicitamos a los diputados que no acompañen este proyecto”, resumió.
El dirigente ruralista tuvo un cruce con la presidenta de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, quien le exigió centrarse en los proyectos en discusión, y más tarde recibió una ironía del titular de Presupuesto, Roberto Feletti: “La democracia es tan grande que la Sociedad Rural se expresa en este Parlamento”, le espetó.
Por Acción del Consumidor (Adelco), Claudia Collado cuestionó las “facultades discrecionales” que la ley daría a la Secretaría de Comercio y no descartó que sean utilizadas para defender a empresas en lugar de a los consumidores.
“En el mundo, las relaciones del mercado con las empresas monopólicas se define con la Ley de Defensa de la Competencia” y no con la de Abastecimiento, advirtió.
Sobre el observatorio de precios, pidió conocer cómo va a ser la metodología para sistematizar los precios
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega, ratificó su rechazo a la actualización de la Ley de Abastecimiento al advertir que implicará una “intervención excesiva del Estado” en el sector privado, aunque reconoció que el Senado aceptó 10 modificaciones al proyecto original.
En cambio, el jefe de la Confederación General Económica (CGE) de Mendoza, Sergio Mastrapasqua, destacó con énfasis las leyes impulsadas por al PEN al señalar que son “centrales para políticas públicas de industrialización”.
“Si las pymes nacionales tomamos conciencia de clase, nos comportamos unidas como una verdadera burguesía nacional, y miramos de frente el rostro de la Patria”, apuntó.
Las iniciativas también recibieron el respaldo de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Económica (CGE).