“He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar”. Con estas palabras el presidente Roque Sáenz Peña, presentó al Congreso de la Nación el proyecto de la ley General Electoral, que hoy cumple 100 años.
El 10 de febrero de 1912 el Congreso Nacional sancionó la ley 8.871, que empezaría a conocerse como la ‘Ley Sáenz Peña‘, que estableció el voto secreto, obligatorio y universal. Si bien la ley no era tan universal, porque seguía siendo exclusiva para nativos argentinos y naturalizados masculinos y mayores a 18 años, vino a poner fin al fraude y al soborno que perpetuaba en el poder al régimen oligárquico que comenzó en 1880. Por su parte, las mujeres debieron esperar 39 años hasta la sanción de la Ley 14.032, de junio de 1951 de la mano de Eva Perón, que con el sufragio femenino comenzó a equilibrar la balanza.
Antes de la Ley Sáenz Peña, los días de elecciones, los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. ‘Puede decirse que todos los gobernantes de lo que la historia oficial llama ‘presidencias históricas‘, es decir, las de (Bartolomé) Mitre, (Domingo) Sarmiento y (Nicolás) Avellaneda; y las subsiguientes hasta 1916, son ilegítimas de origen, porque (esos) presidentes llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral‘, evalúa el historiador Felipe Pigna.
La primera aplicación de la Ley Sáenz Peña fue en abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires, y luego permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.
La primera ley electoral había sido sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, por el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, y establecía el ‘sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia‘ y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a quienes fueran propietarios. Sin embargo, esta ley tuvo un alcance limitado, porque la mayoría de la población ni siquiera se enteraba de que se desarrollaban comicios.
La Constitución Nacional de 1853 dejó un importante vacío jurídico, que fue parcialmente cubierto por la ley 140 de 1857: el voto era masculino y cantado, lo que podía provocarle ‘inconvenientes‘ al votante si no sufragaba por lo que imponía el caudillo de su zona. Por aquella época el país se dividía en 15 distritos electorales, en los que cada votante lo hacía por una lista completa, es decir que contenía los candidatos para todos los cargos.
La lista más votada obtenía todas las bancas o puestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación. Hacia 1900, nuevos partidos, como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, atraían a los sectores sociales que no estaban representados en las instituciones políticas del Estado, que estaban controladas por la clase gobernante conservadora y liberal.
Para evitar conflictos sociales, un sector del gobernante Partido Autonomista Nacional, que podría llamarse ‘modernista‘ y en el que se encontraba Roque Sáenz Peña, comenzó a considerar la introducción de reformas graduales en el sistema electoral.
El 12 de junio de 1910, el Colegio Electoral consagró la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. En una entrevista clave, el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen, reclamó a Sáenz Peña ‘comicios honorables garantidos, sobre la base de la reforma electoral‘.
El 12 de octubre de 1910 Sáenz Peña asumió el nuevo gobierno y envió al parlamento el proyecto de ‘Ley de Sufragio‘: establecía la confección de un nuevo padrón basado en los listados de enrolamiento militar, y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años. Un avance clave hacia la democracia.