De un total de 17 imputados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como de los expolicías, 9 están gozando del beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años o padecer enfermedades que requieren cuidados especiales, que no pueden ser impartidos en un establecimiento carcelario. El resto permanece alojado en un pabellón especial del Instituto Penal de Chimbas o en los calabozos de la Delegación de la Policía Federal Argentina de la calle Entre Ríos.
El dato surge de un informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, que consigna que en la actualidad hay 13 procesados por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, de los cuales 8 están en sus casas y 5 permanecen en un pabellón especial de la Cárcel de Chimbas, según se ilustra en la foto. Los que gozan de detención domiciliaria son Enrique Graci Susini, José Hilarión Rodríguez, Rubén Arturo Ortega, Alejandro Agustín Pereyra, Carlos Alberto Olha, José Claudio Guzmán, Darvin Vianor Mejías, José Eladio Escudero. El resto está consignado aparte.
La decisión del lugar de detención es facultad del juez, en este caso de Rago Gallo. Y los casos que son tenidos en cuenta para mandar a un imputado a su casa son cuando el interno está enfermo y la recuperación no se puede llevar adelante en la cárcel, cuando el reo tiene una enfermedad incurable o terminal, en los casos de un mayor de 70 años, las mujeres embarazadas o cuando tienen a su cargo a un menor de 5 años o una persona con una discapacidad.
El tema incluso ha sido motivo de polémicas porque la detención en el domicilio particular supone un trato más benigno frente a quien permanece alojados en una institución penitenciaria.
La causa de los expolicías forma parte de una amplia investigación que lleva el juez Rago Gallo por presuntas faltas cometidas por exmiembros de la Policía de San Juan en la época previa y con posterioridad al golpe militar del 24 de marzo de 1976. La sospecha es que cometieron arrestos ilegales con el uso de violencia y después los detenidos fueron sometidos a violentos interrogatorios con tormentos. La presunción es que los ex uniformados colaboraban con los grupos de tarea, integrados por miembros del Ejército, y participaron en operativos en los que resultaron apresados dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales de la provincia.
Por tratarse de delitos de lesa humanidad, en el caso de que los acusados sean encontrados culpables, las penas serán de cumplimiento efectivo y no podrán salir en libertad.
La causa tomó envión en agosto de 2014, por un requerimiento de los fiscales Francisco Maldonado y Katia Troncoso, esta última fuera de la provincia. Y fue inédita por la cantidad de involucrados. El proceso comenzó con un listado de 86 ex uniformados, pero el número bajó a unos 45 cuando cuando se depuró y se comprobó que muchos habían fallecido. Las detenciones fueron en 2 tandas. La primera, el 14 de agosto del año pasado, que terminó con 13 procesados y 7 con falta de mérito.
El 13 de marzo pasado fue la segunda tanda. En esa oportunidad, los detenidos fueron 4, aunque inicialmente se había informado que eran 5. De ese grupo, sólo 1 consiguió el beneficio de la prisión en su casa. Es el caso de Onésimo Molina.