Dicen que el plan de seguridad que lanzó el Gobierno provincial a fines de 2012 ya está dando sus resultados: hay zonas en las que el delito bajó hasta el 30%, según afirmó el Ministro de Gobierno hace algunos días. Y no hay por qué no creerle, supongamos. Para sostener ese plan hace falta dinero, obviamente. Y esa, parece, es la ‘pata floja’ que algunos han sacado a relucir en los últimos días. Es que ciertos jefes comunales se quejan -por lo bajo- porque dicen que no les alcanza el dinero de coparticipación para sostener la ‘nueva estructura’. Varios han ido a plantear el tema a Casa de Gobierno y, para la mayoría, la respuesta ha sido la misma: veremos. Ayer en Radio Colón el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, terminó admitiendo que es probable que deban ayudar a algunos distritos que no llegan a fin de mes. Igual desde Paula y Libertador también hay críticas: ¿por qué algunos municipios compraron autos más caros? Hay otros que adquirieron vehículos mucho más baratos. Y los que optaron por el ahorro en la compra, ¿qué hicieron con el dinero que les sobró? Interrogantes que, por ahora, son usados como estrategia de defensa de los hombres de Gioja, ante la arremetida de mangueo de los municipales. El tema es cómo se llevará a cabo esa negociación, en la que los intendentes piden, y el Gobierno les esculca las cuentas de los patrones departamentales.

La ecuación es bastante simple: el Gobierno Provincial destinó $85 mil para la compra de cada vehículo, a razón de un auto cada 5 mil habitantes. El dinero, según se dijo en el momento del lanzamiento del plan, era con destino específico. Es decir, solamente se podía usar en este plan y no en otra cosa. Hay intendentes que compraron autos Chevrolet Corsa Classic que, según la página oficial de esa fábrica, cuestan alrededor de $68 mil por unidad -valor actual-. Pero hay otros que adquirieron el modelo Aveo, también de Chevrolet, que vale $82 mil. Si un departamento tiene 15 patrulleros -supongamos-, al que compró Classic, el conjunto le cuesta $1.020.000. Otro intendente con la misma cantidad de movilidades, pero modelo Aveo, desembolsó $1.230.000. Entre una y otra compra, hay una diferencia de $210 mil, un dinero que no le va a cambiar la gestión a nadie, seguro, pero que haría relamerse a cualquier administrador. En Casa de Gobierno se preguntan qué hicieron algunos jefes departamentales con el sobrante. Nadie dice que lo malgastaron, están seguros que esos fondos fueron a parar a alguna obra pública o a otra urgencia. Y creen que en lugar de destinarlo a otro gasto, pudieron haberlo guardado para sostener el plan. Es decir, en Gobierno parece que son conscientes de que el horno no está para bollos con respecto a las cuentas de los municipios, pero también dicen que los intendentes pueden hacer otro esfuerzo: cuidar los recursos y recaudar más. Hay municipios que no cobran tasas y servicios a más del 7% de los vecinos. Una vergüenza y una medida demagógica, sin dudas.

Respuestas

A su vez, los intendentes hacen sus cuentas para defender su argumento: dicen que para hacer circular los 15 patrulleros -tomando el mismo ejemplo del párrafo anterior- gastarán poco más de $2 millones por año. Ese número incluye: $2.500 a $3.000 que le pagan a los 30 choferes por 6 horas de trabajo cada uno; los seguros especiales, tanto para el auto como para el conductor; el combustible y, creen, las roturas de las movilidades. La duda está en que como el plan es tan nuevo, todavía no saben cómo les resultará el trajinar de los autos y cada cuánto se romperán, en consecuencia, no saben cuánto les saldrá arreglarlos ni cada cuánto deberán hacerlo. Tal es el nivel de incertidumbre, que como el plan se lanzó a fines del año pasado, muy pocos lograron introducir este ítem en sus presupuestos, por tanto están dependiendo de las excepciones y los manotazos que le puedan a sus cuentas. Además de la falta de recursos, hay otro problema que todavía no charlan: el lugar donde guardar los patrulleros. Hay municipios que están sobrados de espacio, pero otros no tienen donde dejar los autos en la noche o siesta. Creen que el Sol en el verano y el frío en el invierno terminarán por erosionar la vida útil de los vehículos. ¿El Gobierno les dará plata para construir un galpón donde guardar los autos? No creen que ocurra. Y tampoco, dicen, están ellos en condiciones de construirlo. Un dilema.

Los jefes comunales dicen que el Gobierno les sigue repartiendo poco, porque no hay ley de coparticipación justa. La queja es una especie de status quo que lleva décadas. Los intendentes no salen a hablar el tema en público para no complicar a Gioja, se quedan con lo que tienen y el Gobierno les da plata por fuera. Siempre fue así y, parece, la cosa no va a cambiar por mucho tiempo. Por tanto, la queja sobre el presupuesto casi es una mentira.

Las dos posturas -Gobierno e intendentes- contienen algo de realidad. Habrá que ver cuán ‘unidos y organizados’ son los hombres del peronismo local a la hora de sentarse a discutir con los ministros de Gioja los envíos de dinero por sobre lo presupuestado para sostener el plan. Alcoba ya dijo que lo hará, que escuchará el reclamo y que se sentará con ellos a discutir el tema (ver páginas 6 y 7). Igual, por el tono con el que emitió esas palabras, parece que le van a tener que demostrar que están muy mal y que de verdad no han podido sostener sus cuentas. Se viene una interesante discusión.