A poco de haberse recordado el 80 aniversario de la muerte del gran poeta español Federico García Lorca, se conoció la intervención de la Justicia argentina en la investigación del asesinato del escritor, ante la presentación que realizó en abril último la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Esta entidad memorialista decidió llevar el caso, ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, que desde hace varios varios años viene investigando los crímenes del franquismo.
El tema tomó vigencia nuevamente el año pasado, tras la aparición de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechado en 1965, que alude al asesinato de García Lorca en el entorno de Fuente Grande, en Alfacar, Granada. A partir de esta revelación se solicitó que el hecho se incorporara a la causa que sigue la jueza argentina por crímenes contra la humanidad bajo la carátula ‘NNS/Genocidio”, a lo que recientemente ha accedido Servini.
Según lo expuesto por la ARMH, las fuerzas franquistas condujeron a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil, de donde fue sacado, junto a otro detenido y ‘fue pasado por las armas”. A partir de este relato, se acudió a la Justicia argentina ante la imposibilidad de juzgar el crimen en España, debido a la ley de amnistía de 1977, señalando a la magistrada que este caso podría configurarse en un contexto de crímenes contra la humanidad por lo que resulta indispensable contar con toda la documentación vinculada al hecho, que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior español.
García Lorca, destacado poeta, dramaturgo y prosista vivió entre 1898 y 1936, fecha en la que fue fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española y a la dictadura de Francisco Franco. Había pertenecido a la llamada Generación del 27 y es considerado como uno de los poetas de mayor influencia y popularidad de la literatura española del Siglo XX.
La prensa europea se ha hecho eco de esta investigación que en la Argentina ha quedado como única opción, después de que el juez Baltazar Garzón fuera inhabilitado tras abrir una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional española. Para la jueza argentina es un desafío por el complejo esclarecimiento que implican los crímenes ideológicos o políticos.