El tratamiento jurídico de la infancia y la adolescencia en América latina se remonta a las primeras décadas del siglo XX. En 1919, se promulga en nuestro país la primera legislación, conocida como ley Agote, norma que toma el concepto de tutela como herramienta estratégica que posibilita avanzar no sólo sobre autores de delitos sino, y fundamentalmente, sobre niños en situación de abandono.
En la década del "80 se gesta un cambio de paradigma en el ámbito internacional, la Doctrina de la Protección Integral con los principios rectores establecidos por la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, que se ratifica un año después en Argentina y se incorpora a la Constitución de 1994. Esa normativa supone un cambio en relación con el tratamiento del niño como sujeto de derechos, a los que se debe apoyar en su crecimiento, asegurando condiciones dignas de existencia.
Pero el paso quizá de mayor importancia ha sido la sanción de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Siguiendo los lineamientos internacionales, desechó definitivamente la concepción del niño como objeto a tutelar, colocándolo como sujeto de derecho, además de establecer que ningún menor podrá ser separado de su familia por motivos económicos.
Según el informe "’Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina”, realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), junto con Unicef, el 57% de los 14.417 menores de 0 a 18 años que viven en hogares o institutos de menores fueron ingresados por motivos vinculados a la violencia, el maltrato o el abuso sexual.
Cambiar la relación entre el Estado y los menores implica adoptar disposiciones para organizar un sistema de protección integral de derechos. Consecuencia importante para la política pública de niñez es que ésta no se mire desde la protección de las víctimas, sino desde la prevención que asegure medidas de alerta temprana para que menos niños se vean forzados a cambiar su hogar por las calles, comisarías e institutos. Se debería impedir que la pobreza continúe siendo una causal de judicialización porque no basta con tener una ley, lo importante es aplicarla, cambiar las prácticas sociales y generar una nueva cultura ciudadana.