Buenos Aires, 15 de marzo.- El dictamen obtuvo la firma de los nueve miembros de la Bicameral que pertenecen a la oposición, mientras que el oficialismo se negó a presentarse en la reunión luego de que presentó un recurso ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo para declarar nula la nueva constitución de la Comisión.

El dictamen que votaron los nueve opositores que asistieron y dieron quórum a la reunión fue por la "nulidad absoluta" de los dos decretos de necesidad y urgencia con los que el Gobierno derogó el Fondo del Bicentenario y lo reemplazó por el Fondo de Desendeudamiento en una maniobra quie buscó sortear el congelamiento que sufría esa iniciativa por parte de la Justicia. Al declarar la "nulidad absoluta", si es que el dictamen avanza tal cual en las dos Cámaras legislativas, el Ejecutivo deberá dar marcha atrás con los pocos pasos que llevó adelante antes de que la Justicia dejara en suspenso también la aplicación del nuevo DNU.

A la reunión de la Bicameral no fueron los kirchneristas. Comandados por el titular del bloque K del Senado, Miguel Angel Pichetto, los oficialistas pidieron a la Justicia que dicte una medida cautelar contra la conformación que le impuso la oposición a esa comisión clave.

Hasta hace dos semanas, la Bicameral tenía un empate con ocho legisladores oficialistas y ocho opositores. Pero, imponiendo su mayoría en la Cámara alta, la oposición modificó la representación de senadores en la Comisión y se atribuyó un total de nueve legisladores para sí, dejándole siete al oficialismo. Esa es la decisión que Pichetto quiere que sea impugnada por la Justicia.

Aún con el planteo judicial en marcha –en una causa que hoy cambió de juez, justamente, por una recusación que hizo Pichetto- la oposición se reunió y sacó dictamen de mayoría. Los opositores sostienen que mientras no haya una resolución judicial en contra, la composición de la comisión es la que decidió el Congreso.

El dictamen de la Comisión Bicameral es el primero de los pasos que necesitaba la oposición cumplir para avanzar contra los decretos. Luego deben pronunciarse las dos cámaras del Congreso –si en al menos una los DNU no son explícitamente rechazados, tienen validez-.