Como advertían los expertos, la actividad pesquera en nuestro litoral marítimo va a un colapso por la ausencia de una política de contención para evitar que los intereses en pugna desencadenaran una crisis de imprevisibles consecuencias.
Argentina exporta anualmente 110 millones de dólares en variedades de pescados y mariscos, equivalente al 90% de las capturas, dando empleo directo e indirecto a unas 20.000 personas ubicadas en 40 ciudades, la mayoría patagónicas. Se trata de una fuente de ingresos genuinos a nivel de la agroindustria, con mercados mundiales cada vez más ávidos de alimentos.
A pesar del panorama alentador, en el primer cuatrimestre de este año las exportaciones de pescados y mariscos cayeron 12% en volumen y 7% en valor, según informes oficiales. En abril último, la cifra interanual fue de 42% y 26%, respectivamente, en relación con el mismo mes de 2009, por incidencia de factores internos y externos. Entre estos últimos existe una fuerte caída en los embarques a Europa, por la retracción que impuso la crisis económica regional, pero el mayor impacto lo produjo una sucesión de problemas locales. El aumento de los costos internos erosionó a las empresas el margen de rentabilidad que les permitía la ventaja cambiaría pero, fundamentalmente, el componente laboral y el hostigamiento sindical terminaron redondearon un descalabro donde no se vislumbra salida alguna.
Debido a las sistemáticas medidas de fuerza del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que nuclea al personal embarcado, desde hace más de un año se vienen interrumpiendo los envíos, con pérdidas millonarias en dólares, mientras el Gobierno nacional no logra mediar en el diálogo de partes, iniciado hace tres meses, y tampoco aplica las leyes laborales de rigor
Si bien el SOMU sectoriza a una parte de la industria pesquera y no tiene intervención en Mar del Plata, donde actúa otro sindicato, los planteos de mejoras salariales y laborales del gremio en cuestión afectan no solo a la flota pesquera sino a plantas procesadoras, empresas de transporte carretero, agentes marítimos, armadores y exportadores.
Existe un fallo judicial que beneficia a los empresarios, que no se aplica por la impotencia del Ministerio de Trabajo por los "costos políticos” a afrontar, en tanto la dureza sindical ya amenaza con un paro histórico nacional e internacional. No olvidar que SOMU es parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, donde participa Moyano.