A fines de abril de 2012, el Concejo Deliberante de Santa Lucía, en el que tiene mayoría el basualdismo, aprobó una ordenanza en la que subió de 12 mil a 50 mil pesos el monto de las compras que puede hacer el municipio sin llamar a licitación y creó un ítem para las compras directas de materiales para obras y servicios de hasta 250 mil pesos. El proyecto fue del Ejecutivo municipal y el fundamento se basó en el aumento del precio de los productos por efecto de la inflación y por una necesidad de la comuna de darle celeridad a los procesos administrativos y no entorpecer el funcionamiento de la gestión. Sin embargo, los ediles del Frente para la Victoria votaron en contra porque consideraron que se trataba de valores excesivos, que podía haber discrecionalidad en el gasto y que el órgano deliberativo dejará de tener el control sobre la cantidad y el monto de las adquisiciones que haga la comuna. Así se desató una disputa en la que el intendente Marcelo Orrego rechazó de plano que puedan efectuarse gastos injustificados y afirmó en ese momento que se trató de una decisión política para actualizar el régimen de compras, ya que manejaban los mismos valores de un municipio de tercera categoría, que tiene menos cantidad de habitantes que el de Santa Lucía. Desde la oposición, el concejal del Frente para la Victoria, Lucio González, había manifestado su preocupación debido a que no iban a haber licitaciones. “Un Gobierno transparente debe mostrarle a los vecinos cómo se compra, cuáles son los precios que hay entre diversas alternativas y la calidad de lo que se adquiere, cosa que se logra con una licitación”, había señalado en ese momento. Actualmente, el departamento se maneja con ese régimen de compras, dijeron fuentes calificadas.
