El riesgo es que esa beligerancia proselitista muchas veces permanece como el rasgo más característico del gobierno electo. Latinoamérica es prueba de ello. Existen gobiernos que mantienen un clima permanente de prepotencia y confrontación con sus adversarios políticos y con la prensa, como si nunca hubieran abandonado la contienda electoral.
Los gobiernos prepotentes, como los de Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa, se mantienen en la tapa de los diarios no tanto por la repercusión de sus obras, sino por el antagonismo permanente con sus rivales, así sea la oposición, la prensa o cualquiera que desafíe su pensamiento o intenciones. Pero no se quedan en palabras, sino que construyen un andamiaje legal y jurídico persecutorio que enmascara su autoritarismo de democracia y apego a las instituciones.
Los ataques más furibundos contra la oposición y los medios con frecuencia se combinan con nuevas leyes electorales y anti prensa, con el fin de que el gobierno prevalezca a toda costa. Eso ha permitido a Hugo Chávez perder las elecciones legislativas pero obtener mágicamente mayor cantidad de diputados. En Bolivia la oposición fue diezmada con la misma estrategia, además de que el régimen electoral restringe la libertad de expresión acotando la propaganda y las encuestas electorales. Mientras en Argentina, a un año de las elecciones generales, sigue sin reglamentación la Ley Electoral, no sabiéndose cómo se actualizarán los padrones electorales, qué recursos se dispondrán para la propaganda política o cómo será controlada.
En Nicaragua, Daniel Ortega, en busca de su reelección, desoyó la voz del Congreso y de la Constitución, extendiendo por decreto la vida judicial de magistrados sandinistas de la Corte Suprema para que avalen su intención. En Ecuador también se indujeron referendos y reformas constitucionales para permitir casi a perpetuidad la vida del gobernante.
La Cámara de Diputados argentina respaldó la intención de Cristina de Kirchner de declarar de interés público el papel para diarios. Y con espíritu anti democrático acostumbrado habló de "nacionalizar” a la prensa, justificando que el periodismo tiene que defender los intereses del país; o, lo que para ella es lo mismo, apegarse a los lineamientos del gobierno.
En Bolivia la persecución de la prensa se filtra en cada nueva ley con párrafos para disciplinar a los medios. Evo Morales promulgó una ley antirracista que más allá de castigar la discriminación, hace pasible la censura o el cierre de los medios y las multas o cárcel para periodistas por el solo hecho de reproducir opiniones o noticias de terceros que un comité gubernamental definirá como ideas racistas.
Y en Brasil habrá que esperar si la candidata oficialista, Dilma Roussef, se impone a José Serra el domingo. Ante las denuncias sobre tráfico de influencias y corrupción en su contra, tanto ella como el presidente Lula da Silva, han prometido "aplastar algunos periódicos y revistas” que se "comportan como oposición”, reflotando la idea de una ley de Comunicación para reducir el poder de los medios, la cual Lula no tuvo tiempo de implementar.
Ante este estilo mandón y la prepotencia legal que mina la libertad de prensa y debilita la oposición, los medios hacen mal en dejarse enredar en ese ambiente de confrontación eterna de la que se alimentan los regímenes autoritarios. Es preferible que usen todas sus energías en lo que saben hacer bien, fiscalizar, investigar y denunciar todos los actos de corrupción, porque en definitiva es la opinión pública la que a la larga limitará la vida de los déspotas.