Los abogados querellantes Margarita Camus, Fernando Castro y Roberto Scherbosky, en representación de las víctimas, habían solicitado a los miembros del TOF prisión perpetua en una cárcel común para todos los acusados y que, además, fueran exonerados de las fuerzas a las que pertenecen. En su mayoría formaron parte del Ejército. Debido a que habían sido mencionados por los testigos, también pidieron que se investigue a Marta Ravasi, esposa de Olivera, que actuaba como psicopedagoga de la UNSJ, sospechada de ser informante del Ejército, y al exrector Fernando Monjes, porque docentes y alumnos de la casa de estudios fueron detenidos durante su gestión.
