La difícil relación de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), prácticamente nula desde la asunción kirchnerista, cuando todavía se vivían las recetas del organismo para superar la crisis que terminó con la convertibilidad en 2001, tiende a restablecerse pero condicionada.
En su reciente encuentro de la nueva titular del Fondo, Christine Lagarde, con líderes mundiales, previa a la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, se refirió a los vínculos que espera tener con la Argentina en el nuevo mandato iniciado, señalando la necesidad de sostener un diálogo constructivo. "La Presidente Cristina Kirchner me ha asegurado que deberíamos continuar teniendo ese diálogo y espero tenerlo”, sostuvo Lagarde, que además de experimentada economista y política ha dado muestras de ser una diplomática en estos momentos de incertidumbres financieras globales.
Sin embargo, la jefa del FMI se ha mostrado inflexible en cuanto a otorgar concesiones en los análisis de los parámetros de crecimiento de un determinado país miembro, por lo cual todos deberán ajustarse estrictamente a las reglas de juego. Este punto es el detonante cuando se debe analizar la situación argentina en base a las estadísticas oficiales de inflación y crecimiento que nuestro gobierno le suministra al Fondo. La desconfianza del FMI sobre las cifras argentinas vienen siendo advertidas en sus informes sobre las proyecciones económicas mundiales, pero ahora advirtió que usará cifras de las provincias y de economistas privados hasta que el Gobierno nacional no subsane la desconfianza registrada en torno de la inflación y el PBI que surgen de los informes del INDEC. Además, en julio pasado, el directorio del ente multilateral fijó un plazo prudencial para que se corrija esta situación. Un caso paradójico, en momentos en que la Justicia argentina parece querer darle la razón al Poder Ejecutivo en sus embates a las consultoras privadas y al solicitar a los diarios la nómina de periodistas que redactan los datos alternativos, que son irreprochables para el FMI.
La advertencia de Lagarde debe llevar al sinceramiento de los datos oficiales, normalizando con autarquía al INDEC y haciendo del acceso a la información una política de Estado, mientras el gobierno aspira a acordar un plan de pago con acreedores externos, para superar el reajuste por inflación que pesa sobre esas deudas.