El concepto puede ser abstracto. Mejor un par de ejemplos: Dilma Rousseff fue destituida mediante juicio político constitucional por un Congreso que se manejó autónomo al Poder Ejecutivo, una justicia que permaneció neutral y una prensa que pudo informar sin cortapisas.
En Venezuela las causas y consecuencias de la ‘Toma de Caracas” mostraron lo contrario a una república. Antes y después de la masiva marcha de la oposición para garantizar y acelerar el proceso de referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, este encarceló a opositores, usó las fuerzas de seguridad para restringir los accesos a Caracas, expulsó a periodistas extranjeros y aseguró que le quitará inmunidad a los parlamentarios para juzgarlos por intentona de golpe de Estado.
Desquiciado con el avance de la oposición y con un país que se le escapa de las manos, Maduro desconoce el mecanismo de referendo que el chavismo creó mediante su propia reforma constitucional. Ante la debilidad de su mandato, Maduro se ha vuelto más autoritario. Apura a la Justicia para que cierre el Congreso y despide a los empleados estatales que firmaron la petición de la revocatoria, una purga que coarta la libertad más preciada, la de conciencia, el hilo más delgado por donde se corta cualquier revolución.
Es verdad que el proceso de destitución de Rousseff es confuso y ambiguo; puede interpretarse según la ideología con que se lo mida. Para la oposición fue un proceso apegado a la Constitución, mientras que para sus adeptos fue un golpe de Estado; en especial, porque si los delitos que se le achacan haber maquillado cuentas públicas para conseguir su reelección se aplicaran al resto de gobernantes, América latina quedaría acéfala.
Más allá de las controversias, como las que en su momento provocaron las destituciones de Fernando Lugo en Paraguay y Manuel Zelaya en Honduras, lo cierto es que en Brasil se siguieron los procesos y las excusas que marcan la Constitución, con total transparencia, libertad y sin presiones ni prisiones.
Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega no reconocieron al nuevo presidente Michel Temer, una obviedad, toda vez que estos políticos siempre se arremolinan detrás de quien ostenta su propia ideología. Nunca denuncian los golpes, como los de Maduro contra la Constitución y el Parlamento.
Tampoco se puede desconocer que Rousseff es consecuencia de una purga anticorrupción que pidió a gritos la gente en las calles. Que estuvo involucrada, al menos por omisión, en los casos más sonados de corrupción, que protegió al ex presidente Lula da Silva y vio como varios de sus ministros terminaron detrás de los barrotes.
Pero en la encrucijada, pese a que el Senado prefirió optar por el borrón y cuenta nueva, Rousseff cuenta con otro resorte de la república. Su defensa ya se encaramó ante la Corte Suprema, la que tendrá que dar el veredicto final. Esa justicia republicana ni existe ni está garantizada en Venezuela, donde la Justicia actúa según los designios de Maduro y la mayoría de las leyes a medida del chavismo.
En Venezuela, más allá de la crisis económica, la gente está cansada de no gozar de las mieles de una república. Las minorías despreciadas se han convertido en la nueva mayoría dispuesta a salir a la calle a conseguir lo que no le dan las instituciones. El golpe no será institucional como sueña Maduro, sino de gente.