Internet y las redes sociales han expandido el conocimiento, la comunicación y nuestros horizontes. ¡Nos han hecho más libres! Esta afirmación, sin embargo, es válida para quienes vivimos y navegamos la web en países democráticos, porque en regímenes represivos, las nuevas tecnologías de la información son usadas también para oprimir y censurar. La polémica reflotó en el Congreso estadounidense, donde el reverenciado buscador Google fue confrontado por complicidad con gobiernos que, como el de China, Vietnam o Cuba, suelen censurar información y encarcelar internautas.
En cambio, Google pidió al gobierno de EEUU que interceda ante China, después de denunciar ataques cibernéticos que afectaron cuentas de correo Gmail de activistas pro derechos humanos, y amenazó con retirarse de ese país ya que no permitirá más la censura a la que le obligan sus leyes. Pero en la audiencia legislativa, enfocada a promocionar mundialmente la libertad de Internet, Google mostró un patético doble estándar. Mitigó las críticas a China, minimizó la censura y aunque dijo que prosigue sus negociaciones, se mostró inclinado a quedarse en un mercado de 384 millones de internautas del que obtuvo récord de ganancias en el cuatrimestre pasado.
La incoherencia de Google, al anteponer intereses económicos sobre principios de libertad de expresión, tuvo consecuencias para toda la industria de Internet. El senador demócrata Dick Durbin, presidente del subcomité de Derechos Humanos, ofuscado, anunció una ley que sancionará, penal y civilmente, la doble moral de aquellas compañías de tecnología estadounidense que sean permisivas con la violación de los derechos humanos en donde presten sus servicios.
Google no es la única señalada por sus prácticas ambiguas. Microsoft y Yahoo vienen siendo criticadas por permitir a gobiernos autoritarios que usen sus software para filtrar y bloquear información, así como Twitter y Facebook reniegan ser transparentes en sus manejos empresarios, aunque no tienen empacho en acudir por ayuda al Departamento de Estado cuando son bloqueados en el extranjero.
La doble norma corporativa deja mal parado los esfuerzos por promover la libertad de cualquier ciudadano en el mundo a conectarse y transferir información en la red sin restricciones, y puede debilitar mecanismos de defensa para neutralizar ataques cibernéticos promovidos por gobiernos corruptos y grupos extremistas. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, había aprovechado la denuncia de Google para reclamar que "los países o individuos que participan en ataques cibernéticos deben enfrentar consecuencias y condena internacional". Palabras ahora amortiguadas, tras la nueva "diplomacia googliana".
Lo reprochable contra Google es que ha puesto en dudas la eficiencia de la Iniciativa de Red Global, una institución de carácter voluntaria a la que pertenecen Microsoft y Yahoo -no así Twitter y Facebook-, cuyo fin es proteger, defender y promover parámetros de autorregulación, para evitar que sus miembros actúen en países donde deben cumplir con leyes que contradicen principios internacionales sobre libertad de expresión y derechos humanos.
En realidad, más que una legislación que sólo busque controlar a las compañías de tecnología, sería más beneficioso que se promueva un nuevo orden o tratado internacional cibernético que involucre a todos los actores, especialmente a los gobiernos, para que se responsabilice y castigue a quienes censuran o usan las tecnologías para lanzar ataques cibernéticos. De lo contrario se podría caer en una "guerra de Internet" como alerta Hamadoun Touré, jefe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU.