El interrogante que despertó el voto del ultrakirchnerista Miguel Angel Pichetto a favor de la antiminera Ley de Glaciares, podría encontrar respuesta por vía judicial. Cristina, que junto a sus principales colaboradores han defendido públicamente la actividad, deberá decidir ahora si apela la medida buscando que la ley se empiece a aplicar o si deja firme el congelamiento hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad que hicieron las entidades sanjuaninas. Cualquier opción desatará lecturas y consecuencias políticas. Si recurre, alimenta la posición de aquellos aliados que vienen de provincias mineras que sostienen que el senador y varios de sus compañeros fueron instruidos desde las más esferas altas K para articular un doble juego. Evitar la segunda instancia sería visto como un gesto consecuente con sus palabras, pero con el riesgo de roces con Bonasso, Solanas y compañía, que de la mano del discurso medioambiental juegan sus fichas por el manejo de la Cuidad Autónoma en 2011.
Los pasos de la Casa Rosada son mirados con atención por las provincias mineras y todos los actores que viven de la actividad. Aunque la medida de no innovar fue fruto de una acción de inconstitucionalidad de instituciones privadas, para la gestión giojista es empezar con el pide derecho un largo proceso. La estrategia perseguía la suspensión de la ley y que se sostenga, al menos, hasta que la Justicia diga si es constitucional o no. Se trata de la misma receta que usaron los opositores con la ley de medios, para debilitar la posición que impulsó el kirchnerismo contra los "grandes grupos monopólicos".
El Procurador del Tesoro, como defensor de los intereses del Estado nacional, deberá contestar la demanda de inconstitucionalidad y decidir si pide que se levante la suspensión de la ley mientras sigue el proceso. Jurídicamente sólo se concibe apelar, al menos que el Ejecutivo de instrucciones contrarias. Es decir, queda todo reducido a la voluntad política de la Rosada y de Cristina en particular. Situación que puede leerse de maneras opuestas en una encrucijada: la explicación del voto de Pichetto y su grupo de influencia o una posibilidad para que quede en suspenso una ley igual a la que ella misma vetó el año pasado, porque casi que suprimía la minería.
La presidenta se negó a vetar la última ley y lo hizo por razones de costo político. El camino judicial, forzado por las provincias mineras, podría caerle como una vía para lograr el mismo efecto, pero con menos exposición.