Por ahora, Horacio Alday seguirá bajo investigación en la causa donde se intenta establecer si él y su antiguo socio, Santiago Graffigna, se quedaron con dinero de algunos clientes en juicios millonarios de expropiaciones. Fuentes judiciales contaron que la Sala II de Cámara Penal le dijo que “no” al sobreseimiento definitivo que había pedido y dejó en firme la falta de mérito que le permite al juez de primera instancia continuar averiguando si tuvo algo que ver en el presunto perjuicio económico que sufrieron los particulares. El abogado se encuentra de viaje en el exterior y debe regresar este mismo mes para ser indagado en la llamada megacausa.
El proceso judicial que todavía tiene como protagonista a Alday es un desprendimiento de la causa principal de las expropiaciones y se disparó en 2011, a raíz de una denuncia que hicieron varias familias que fueron representadas por Graffigna en los juicios de la polémica. Sostienen que fueron estafadas, porque recibieron mucha menos plata de la que el Estado provincial desembolsó por la expropiación de sus inmuebles.
Graffigna está procesado por los delitos de administración fraudulenta, circunvención de incapaces y coacción y sobre Alday hay una falta de mérito porque hasta ahora no se encontraron elementos para imputarlo, aunque la Justicia lo puede seguir investigando. En desacuerdo con esa medida, el abogado apeló a la Cámara Penal para que lo sobresea y la Sala II no le hizo lugar y confirmó el fallo dictado en primera instancia.
Con la resolución del tribunal, en el que actuaron esta vez los jueces Pablo Flores, Ricardo Conte Grand y José Vega, Alday sigue sin poder despegarse del caso y si eventualmente aparecen elementos que lo compliquen, hasta podría llegar a ser procesado. Según las fuentes, los magistrados entienden que antes de decidir en forma definitiva la situación procesal del abogado hay que producir prueba que están pendientes. Por eso, fijaron un plazo de 60 días que se cumpla con ese paso.
El abogado de Alday, Fernando Echegaray, se declaró en contra del fallo de la Sala II. Entre otras cosas, aseguró que la prueba que supuestamente está pendiente ya se produjo en el proceso principal y que perfectamente pueden ser tenidas en cuenta en cuenta para la causa conexa.
En su defensa, Alday asegura que no llevó ninguno de los juicios que levantan el polvo, porque a esa altura ya había disuelto la sociedad que tenía con Graffigna. Y aunque cobró dinero por los mismos, dice que fue por los pactos de cuota litis que ya tenía firmados con sus antiguos clientes y producto de un acuerdo con su exsocio por apartarse de los procesos que llevaban juntos.
Mientras tanto, el abogado de las familias presuntamente damnificadas, Diego Sanz, quiere que a Alday se lo investigue por estafa y no por administración fraudulenta. Ya hizo un planteo en ese sentido para que se cambie la calificación y espera una resolución.
Paralelamente, Alday está bajo la lupa judicial en la megacausa, donde se investiga un verdadero escándalo: la actuación de una red de abogados, jueces y empleados públicos que aparentemente inflaron el valor de terrenos expropiados para sacarle millones de pesos de más a la provincia.
Por ese proceso, Alday permaneció oculto de la Justicia por casi 11 meses y recién compareció cuando le dieron la eximición de prisión. La sospecha es que fue parte de las maniobras, a lo que se suma que en su estudio se encontró un expediente de un juicio que se había perdido en un Juzgado Civil y que luego fue reconstruido irregularmente en otro. El 25 de este mes está previsto que sea indagado, después de lo que el juez Benito Ortiz debe resolver su suerte.
