La tensa relación que mantiene la dirigencia del Sindicato Médico de San Juan con las autoridades provinciales, por la demanda de mejoras salariales y laborales, originó una serie de medidas de fuerza con paralización de la atención hospitalaria perjudicando a los más necesitados. Lejos de reflexionar sobre el daño que ocasionan las medidas de acción directa en un área tan sensible como es la salud pública, ahora la entidad gremial decidió sumarse al paro nacional dispuesto por la la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el viernes próximo.

Como se sabe, los médicos sanjuaninos afiliados al citado sindicato vienen realizando un programa cese de actividades en los hospitales y centros de salud de nuestra provincia, ante las desinteligencias en las negociaciones que mantiene la comisión directiva con el ministro de Salud, Oscar Balverdi y el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, ya que el conflictivo llegó a la instancia de la dependencia laboral que analiza decretar el arbitraje obligatorio si las medidas continúan, según el anuncio oficial.

En el otro extremo del activismo sindical, la opositora CTA liderada por Pablo Micheli, confirmó en Buenos Aires que ese sector combativo, junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) efectivizarán a una huelga nacional el viernes 8, a los que se adhirieron otros sectores en San Juan, caso de ADICUS, que afectará el normal dictado de clases en los colegios preuniversitarios. La demanda de la central sindical es amplia, ya que rechaza el aumento del 20,5% otorgado por el Gobierno nacional a los estatales, pide eliminar el Impuesto a las Ganancias, un salario mínimo de 5.000 pesos y el 82% para los jubilados, entre otras reivindicaciones.

Antes de disponer una medida es necesario reflexionar sobre sus consecuencias directas en un bien tan indiscutido como es la salud de los más necesitados, por eso es inadmisible una protesta que incluya el abandono de la atención médica en los hospitales públicos y la educación, como se prevé en San Juan. No son las autoridades políticas las que sufren las medidas intempestivas aunque estén contempladas como derecho constitucional sino la gente de menores recursos que concurre a los centros sanitarios y sin ninguna alternativa o paliativo que la asista. El factor humano no parece sopesar a la hora de los drásticos pronunciamientos.