El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró que Chile no aportó pruebas suficientes para justificar la extradición de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, en lo que constituye un cuestionamiento al vecino país y a la decisión de la Corte Suprema de autorizar la entrega del ex guerrillero a la justicia trasandina. Esta resolución fue la que precipitó al Gobierno, por medio de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), de concederle a Apablaza la condición de refugiado político.

Lo cierto es que Argentina pareciera buscar en cada problema un conflicto que en vez de ayudar a encontrar la solución, ensancha las diferencias. El cuidado en la expresión del lenguaje y de las formas son principios que caracterízan el ejercicio de la diplomacia. Por eso resulta penoso que el canciller Héctor Timmerman califique de "payasada” a los dichos del senador chileno Andrés Chadwick, quien señaló que el refugio fue una concesión a los planteos de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

El presidente Sebastián Piñera le había reclamado a Cristina de Kirchner la entrega del ex guerrillero, que está en Argentina desde 2004. Los elementos que valoró el Gobierno para otorgarle el estatus de refugiado político a Apablaza fueron, que es "un militante político, un luchador contra la dictadura”, e incluso que "no es un ciudadano común”. Cuando llegó a la Casa Rosada, en 2003, Néstor Kirchner fue persuadido de que la bandera de los derechos humanos, por la cual hasta ese momento no se preocupó mayormente, podía devolverle a la Argentina parte del prestigio internacional perdido. Hoy, su esposa ha dejado al descubierto que las cuestiones meramente ideológicas y el oportunismo político están por encima de los valores y principios jurídicos.

¿Con qué autoridad moral puede pedir Cristina Kirchner la extradición de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA? Resulta paradójico que la presidenta no mencione ahora, como lo hizo en reiteradas ocasiones en los Estados Unidos al referirse a Irán y la AMIA, la necesidad de "contribuir a dar verdad para todos” ni "las garantías que da un sistema democrático a aquellos ciudadanos que han sido acusados”. Si el Gobierno busca ser reconocido como líder defensor de los derechos humanos, con esta actitud se contradice plenamente.