Buenos Aires, 14 de septiembre.- La primera denuncia fue radicada hoy por el abogado porteño y
titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner
Sans, y luego hizo otro tanto el titular del radicalismo, Gerardo
Morales, quien concurrió en forma personal a los tribunales de
Comodoro Py.
El senador jujeño precisó que solicitó a la Justicia que
investigue si existió "cohecho pasivo en el caso de la senadora" y
"cohecho activo" por parte del Gobierno, al presionar supuestamente a la legisladora y ofrecerle ayuda a su provincia para que cambiara su voto.
"Hay que ponerle un límite al transfuguismo, a las presiones
del Gobierno y a gente que se da vuelta con un precio", advirtió el
legislador, al tiempo que alertó que Sánchez incurrió en un
"hecho muy grave" al admitir que votó a favor "para favorecer a su provincia en la remesa de fondos".
Morales puntualizó que, en la presentación también sugirió que
"se pidan las testimoniales al jefe de Gabinete (Aníbal
Fernández); a Néstor Kirchner; al vicepresidente (Julio Cobos)-que estuvo con ella-, a los periodistas que le han hecho notas, entrevistas, para que terminemos, de una vez por todas, con esta situación", dijo.
Antes de la votación del último viernes, Sánchez había
calificado de "mamarracho y mamotreto" el texto impulsado por el Gobierno nacional.
Sin embargo, ayer, reconoció públicamente que existieron
"presiones" de la Casa Rosada y que votó a favor de la ley de medios para "suavizar la relación" entre el Gobierno nacional y su
provincia, tras la derrota que sufrió Arturo Colombi a manos de la UCR.
El jefe radical pidió a la Justicia que establezca si la
actitud de la senadora "se encuadra en el artículo 256 y otros
concordantes del Código Penal que establece la figura de cohecho pasivo".
Mencionó también la posibilidad de que la conducta de Sánchez
esté reñida con el artículo cuarto de la Convención Interamericana contra la Corrupción, contemplada en la ley nacional 24.759.
Esa legislación determina "el requerimiento o la aceptación
directa o indirecta por un funcionario público o personas que
ejerzan funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismos o para otras personas o entidad a cambio de realizar u omitir cualquier acto en ejercicio de sus funciones públicas, es un hecho de corrupción", explicó Morales.
Por su parte, Monner Sans pidió que se cite a declaración
indagatoria a Sánchez "sin necesidad de desafuero" a raíz de las
afirmaciones radiales de la legisladora y recordó que la senadora "ha relatado lo que sería una práctica habitual delictuosa. Una suerte de \’toma y daca\’" en el poder legislativo".
Por eso, el abogado subrayó que la correntina "tiene la
obligación de hacer la denuncia de toda conducta susceptible de ser considerada como delito porque de otra manera incurre en
encubrimiento".