La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) está cerca de tener que afrontar el mayor juicio de su historia, en una demanda por una suma cercana a los 20 millones de pesos, por la reparación por los daños económicos y perjuicios ocasionados a dos ingenieros en Minas de prestigio internacional por una causa penal que perdió la casa de altos estudios.

Se trata de José Agustín Matar y Carlos Guillermo Rudolph, quienes fueron denunciados por el ex rector Tulio Del Bono el 26 de junio de 1990 sospechados de haber cometido malversación de caudales públicos y peculado, que consiste en la apropiación de dinero, en este caso perteneciente a la Universidad, que estaba bajo su custodia. El tercero denunciado en esa causa, Julio Millán (h), falleció. Pero en un juicio oral y público, que tuvo lugar y finalizó 18 años después de la denuncia, el 21 de noviembre del 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan resolvió que los profesionales fueran absueltos.

La Universidad, en la gestión del rector Benjamín Kuchen, presentó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Apelaciones y después otro planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Al ser rechazados ambos planteos, la sentencia con la absolución quedó firme.

Ahora los profesionales, con el patrocinio del abogado Miguel Arancibia, enviaron notas de intimación al rector Kuchen y al Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la casa de estudios, para exigir una serie de puntos entre los que está la reparación económica por los años que estuvieron fuera de sus cargos los ingenieros.

Kuchen dijo que ya envió los antecedentes al Consejo Superior y declinó opinar "hasta que el Consejo resuelva". Pero el jueves, cuando el tema debía ser tratado, quedó para una próxima reunión en fecha a confirmar antes de fin de año.

Según Arancibia, tomando en cuenta los años transcurridos y por los daños causados "por el accionar ilegítimo al haber autorizado la continuidad de la persecución judicial y no ordenar la regularización de su situación administrativa y académica a pesar de haber sido absueltos penalmente", estimó que el monto del reclamo en lo Civil podría llegar a los 20 millones de pesos. La palabra la tiene la casa de altos estudios y si no hay respuesta, porque Arancibia dijo que ya están en el último escalón del reclamo administrativo, aseguró que se seguirá con la demanda civil por daños y perjuicios.

Junto con la reparación económica, el planteo en el Consejo que prevén elevar a la demanda, incluye la realización de un acto académico público de desagravio, con un pedido de disculpas a los ingenieros Matar, Rudolph y a la familia Millán. También el envío de una carta oficial de desagravio a todas las instituciones, organismos nacionales e internacionales y empresas privadas con las que se encontraban relacionados en su momento los ingenieros, remitiéndoles copia de la absolución. Y la inmediata devolución de los bienes y el dinero, con su correspondiente actualización e intereses que la Universidad retuvo desde el año 1989 hasta la fecha.

Los hechos que desencadenaron la denuncia fueron que para realizar investigaciones y trabajos en el ámbito del desarrollo minero, Matar y Rudolph, desde el Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad, formaron Investigación y Desarrollos Mineros SA (IDEMSA), una sociedad creada para poder contratar con el Estado, con empresas privadas e incluso con gobiernos de otros países, porque a través de la casa de estudios no lo podían hacer. Después formaron la Asociación para la Cooperación con la Investigación, la Industria y la Minería (ACIIM). Pero después de polémicas y acusaciones con Del Bono, el entonces rector los denunció ante la Justicia Federal y los separó de sus cargos. La Justicia esperó 18 años para darle la razón a los ingenieros.