En lo que va del año y solamente en los rubros energético y transporte, el Gobierno nacional aumentó el gasto en subsidios en un 55%, con respecto a los nueve meses de 2012, según estudios de consultoras privadas y sin contar con las mayores erogaciones presupuestarias preelectorales en aportes sociales.
De acuerdo a estos cálculos, a fines de diciembre próximo se llegaría a los 140.000 millones de pesos para cubrir un desfasaje difícil de revertir por razones políticas debido a que el grueso de los subsidios se destina al consumo de energía (64%) y al transporte (23%), prácticamente destinados a mantener las tarifas públicas, en particular en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y a la importación de combustibles para abastecimiento del mercado interno. Es decir, un país macrocefálico que devora presupuestos asignados con políticas improductivas.
Pero lo que supuestamente una familia ahorra con los servicios públicos subsidiados termina gastándolo con una presión impositiva cada vez mayor y destinada, entre otras cosas, a financiar esos mismos aportes que el Estado realiza periódicamente a las empresas de servicios. Concretamente, los subsidios destinados a sectores económicos en 2012 fueron equivalentes a 11 de los 21 puntos del IVA que todos pagamos en las compras cotidianas.
La distorsión es más grave todavía si se considera el impacto de la subsidiaridad estatal en los bolsillos de todos los argentinos. Es decir, se carga sobre las espaldas de todo un país el enorme costo del deficitario transporte metropolitano o del consumo porteño y del conurbano. Por ejemplo, una familia tipo de Jujuy, Formosa o Tierra del Fuego ha pagado más de 100 pesos en lo que va de 2013 en subsidiar a la empresa AySA, aunque esté a miles de kilómetros de su área de influencia. Tampoco son usuarios del transporte de pasajeros del área metropolitana, lo que no impide que ya hayan destinado $ 130 para su sustento, así como $ 65 para apoyar a Aerolíneas Argentinas, aunque o no sean viajeros de la compañía de bandera. Tanto es así que en 2012, cada habitante tuvo que desembolsar $ 200,75 por mes para financiar los $ 99.446,6 millones con los que se subsidiaron a empresas eléctricas, de gas natural, de agua, ferrocarriles, transporte y otras que la mayoría de los argentinos a veces ni conoce.