La causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman dio ayer la primera novedad importante en la investigación ya que se conoció que la fiscalía a cargo de Viviana Fein resolvió la primera imputación en el caso. Se trata del técnico informático Diego Lagomarsino, amigo y colaborador de Nisman, quien quedó formalmente imputado por el delito de haberle facilitado al fiscal el arma Bersa calibre 22 que acabó con su vida y que fue hallada en el departamento de Puerto Madero. Además, los investigadores se encontraban cotejando las imágenes de las cámaras de seguridad porque ‘hay falencias‘ en los registros de ingreso y egreso a la torre Le Parc.
En un comunicado dado a conocer por la Procuración se precisó que Lagomarsino ‘se encuentra imputado‘ por violar el artículo 189 bis, apartado 4 del Código Penal, en donde se establece que ‘será reprimido con prisión de un año a seis años el que entregare un arma de fuego por cualquier título a quien no acreditare su condición de legítimo usuario‘. ‘Por otro lado, la fiscal está evaluando las pruebas recolectadas y los testimonios para saber hasta dónde podría extenderse la imputación‘, se señaló.
El viernes pasado la Justicia ya dispuso la prohibición de salir del país a Lagomarsino luego de no poder encontrarlo en el domicilio declarado, tras lo cual también se lo puso bajo custodia de la Gendarmería en el régimen de protección de testigos.
La jueza Fabiana Palmaghini dispuso la imputación una semana después de que Lagomarsino se presentara voluntariamente y declarara haber proporcionado el arma a pedido del propio Nisman, quien habría aducido razones de seguridad.
Reveló que para ello había concurrido dos veces al departamento del piso 13 de la torre Le Parc, en Puerto Madero, una para recibir el pedido y otra para cumplirlo, pocas horas antes de la muerte del fiscal.
Fuentes de la investigación aseguraron que Nisman había formulado un pedido similar de un arma de bajo calibre para su defensa a uno los policías de su custodia, Rubén Benítez.
Si bien Nisman tenía armas, aparentemente registradas en la década del 90, no se estableció que antes de su muerte aún estuviese debidamente inscripto para recibir cualquier tipo de arma.
El Registro Nacional de Armas (Renar) es contundente en este punto: ‘La credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse dentro de los 90 días anteriores a su vencimiento‘. Las tenencias, por su parte, ‘tienen carácter de título sobre el arma y sólo caducan si no se renueva la credencial de Legítimo Usuario en término‘.
Sobre los peritajes, la fiscal indicó que ‘comenzó el trabajo de análisis de todos los registros de video de las cámaras de seguridad del complejo Le Parc‘, mientras que se detalló que ‘los registros escritos de ingreso y egreso del edificio demuestran falencias, por lo que la fiscal Fein ordenó un análisis profundo de las imágenes‘.
La División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal analiza todo el material incautado, entre ellos celulares y líneas incorporados a la investigación. Al mismo tiempo, la fiscal se encuentra a la espera de los resultados de ADN ordenados sobre el material balístico levantado en el departamento la noche del suceso, y se precisó que ‘para mantener la asepsia de las pruebas, se resguardaron en un sitio de máxima seguridad‘.