Con un Salón de Usos Múltiples del municipio de Iglesia casi repleto, se celebró ayer por la mañana la Audiencia Pública para analizar el otorgamiento del certificado de Conveniencia y Necesidad Pública e Impacto Ambiental de una línea de 220 kV y 15 kilómetros de extensión que irá desde la frontera hasta el campamento de Lama, en plena cordillera sanjuanina, que permitirá alimentar a la mina con energía de alta tensión. Pero por tratarse de una obra en donde los únicos beneficiados son Barrick y la firma de capitales chilenos Inprolec, a cargo de la línea eléctrica, los empresarios locales nucleados en Casemi pidieron que se subcontrate a empresas locales, ya que argumentaron que ‘’si no es una obra en la que para San Juan no tiene ningún beneficio’’. Según el presidente de la entidad, Alejandro Donna, ‘’no involucra ningún tipo de necesidad pública, justamente un tema que es materia de análisis y que si se concreta en los términos expuestos no deja nada a la provincia’’.
La exposición de las partes interesadas, con la moderación de dos técnicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la presencia del presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, puso en consideración las distintas posturas y será el organismo nacional el que finalmente considere en las próximas semanas las distintas ponencias para elaborar el informe final.