La opinión pública sanjuanina ha seguido con expectativa y preocupación el desarrollo de los planteos sindicales de los sectores de la salud y de la educación, donde parecen prevalecer las posiciones caprichosas antes que el sentido común. Está fuera de toda discusión la necesidad de dignificar la tarea de los profesionales con un salario y condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen como médicos y docentes, dos disciplinas históricamente relegadas en las remuneraciones estatales.

Pero lo grave del reclamo sectorial son las repercusiones que tienen en la comunidad, como las medidas de fuerza coercitivas, algunas rayanas en la ilegalidad por su carácter extorsivo, porque son víctimas los sectores más desprotegidos de la sociedad, aquellos que no tienen otra opción que recurrir al hospital público, o no pueden enviar a sus hijos a un colegio privado.

Es decir, nadie condena el derecho de peticionar ni el uso de todos los mecanismos institucionales otorgados por la democracia en demanda de justos reclamos sino las consecuencias que tienen estos para la gente más vulnerable, por la radicalización de la protesta y el oportunismo para causar daño irreparable a los necesitados. Vale como ejemplo el paro por 72 horas dispuesto por el Sindicato Médico para los días 28, 29 y 30 de este mes, es decir el próximo fin de semana, que implica una inactividad que se sumará al sábado 31, domingo 1 y 2 de abril, con lo cual la Semana Santa tendría sólo dos días hábiles -martes y miércoles- si no se decreta otro "feriado puente”. En todos estos días en ningún centro de salud de San Juan atenderán los consultorios externos, ni se practicarán las intervenciones quirúrgicas programadas extendiéndose turnos que pueden ser vitales.

También lleva a reflexionar las metodologías de las exigencias sindicales, desde las asambleas de base hasta las negociaciones de la dirigencia, porque parecen haber invertido las instancias del reclamo: primero paro, luego discutir y acordar. Fuera de la complejidad escalafonaria, simplemente observando la racionalidad que anteponen los servicios básicos, la lógica indica que los médicos pudieron aceptar el 25% de aumento otorgado a todos los estatales y desde ese piso seguir negociando el 10% restante, junto con el paquete de reivindicaciones que merece discutirse. Los docentes debieron actuar de igual forma, pero optaron por este tiempo de coyuntura que les facilita el comienzo del ciclo lectivo y paralizar las clases con perjuicios irrecuperables en los educandos.