Asistimos a una serie de cuestionamientos a la subsistencia de las cajas previsionales de profesionales, como las que nuclean a los pertenecientes al área salud, abogados, ingenieros, contadores, etc. que fueran creadas por la legislatura provincial en 1993, quizás inspiradas sanamente en el resultado que tenían las mismas, por ejemplo, en Buenos Aires, Capital Federal o Córdoba.
El error de esa ley fue advertir que esos sistemas funcionaban en provincias con gran cantidad de aportantes, con un estándar socioeconómico muy fuerte, situación que no se daba en San Juan.
Hoy asistimos por parte de los directorios de estas cajas previsionales, a una saturación de soluciones ‘mágicas” a problemas que no pudieron resolver en 23 años de existencia. Se trata de defender lo indefendible, pues es hora que se comprenda que estos sistemas son inviables.
Se podrán discutir leyes, reglamentos, etc. lo que no se puede negar nunca es la realidad y a la luz de ella, el resultado es catastrófico, no para estas cajas sino para los beneficiarios.
En 23 años de existencia ‘nunca” han otorgado la prestación medico asistencial que consagran los arts. 14 bis y 42 de la Constitucional Nacional, dentro del concepto de lo que debe entenderse como prestaciones de la seguridad social. El objeto de éstas cajas previsionales no puede ser distinto al del Sistema Nacional, pues de ser así se estaría violando la Constitución.
Hoy los jubilados de estas cajas no cobramos ni siquiera el mínimo de la jubilación nacional, como es mi caso que percibo algo de $ 3.500 de ‘beneficio” y no tengo cobertura médico asistencial. Y no la tienen ninguno de los ‘beneficiarios” -si se les puede denominar así- de éstos regímenes y un sistema que se creó pensando que iba a dar a los profesionales un sistema mejor que el Nacional, hoy vemos que estamos en peor situación que la que tendríamos de no haber sancionado dichos sistemas provinciales, pues por lo menos percibiríamos el mínimo nacional ($5.000) y tendríamos los beneficios de una obra social (PAMI) que más allá de sus bondades o no, es una cobertura médica tan necesaria en la tercera edad.
En el caso de la Caja de abogados, de los 230 jubilados de ese sistema, casi 100 no cuentan con una cobertura de salud. Con los magros $3.500 que percibimos, la única solución que nos queda es el hospital público, lo que no debiera ser, pues la Provincia no tiene por qué hacerse cargo de estos gastos.
Hay que decirlo con todas las letras, estas cajas son inviables, pues el único que puede garantizar la dación de una cobertura médica es el Estado Nacional y lo que deben entender quienes administran estas cajas, que ésta no es discusión financiera o actuarial, sino que lo que es más grave, es que se está dejando en el desamparo a cientos de profesionales, donde no todos tienen la suerte mía de poder pagar una prepaga ante este incumplimiento injustificable de todas estas cajas.
Señor Gobernador; señores legisladores, acá están en juego vidas humanas y si se cometió un error en 1993, es hora de subsanarlo por lo que se deben arbitrar los mecanismos políticos jurídicos que permitan una transferencia de todas estas cajas al sistema nacional, con su activo y su pasivo, como modo de evitar una futura liquidación judicial de las mismas, al no poder cumplir con el objeto para el cual fueron creadas.
Por ello apelo, para legitimar la intervención de los poderes del Estado local, que se dicte una ley que disponga una consulta obligatoria de todos los profesionales activos y pasivos, en el sentido que podamos expresar si estamos o no de acuerdo con la subsistencia de estas cajas previsionales de profesionales de la Provincia, para impedir la prosecución jurídica de estas nuevas fábricas de pobres.