La Cámara de Diputados de la provincia tratará en breve el proyecto de Ley contra los prostíbulos de San Juan, que contempla arresto de hasta 60 días y multas que pueden llegar a los 3.000 pesos tanto para los dueños de los locales como para los clientes que soliciten el servicio de las mujeres que trabajan allí. Se trata de un instrumento útil contra la trata de personas.

En 2009, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, adoptó una importante medida, al instruir a todos los fiscales que actúan en casos de trata y proxenetismo para que soliciten al juez la intervención de la agencia municipal de cada distrito para clausurar el local y promover la caducidad de su habilitación si funciona bajo la apariencia de un comercio lícito. Hoy, lamentablemente, son muchas las víctimas que, conociendo por haberlo sufrido el poder y las conexiones de esas redes, no se animan a confiar en la Justicia y optan por el silencio.

Pero no basta con que se apruebe una ley de prostíbulos cero. Es absolutamente necesario que se conozca la existencia de estas normativas para que todos los ciudadanos podamos contribuir a su cumplimiento, por una parte, y, por la otra, para estar atentos a que las víctimas de esta cruel forma de sumisión sean acompañadas en todo el proceso de recuperación de su salud y de su dignidad.

Si bien en la Argentina cada dos meses se dicta una sentencia en casos de trata de personas, el dato dista de poder ser considerado una victoria en la lucha contra este incalificable flagelo, pues aún es mucho lo que debemos hacer como sociedad y, especialmente, lo que tienen que hacer las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Por lo pronto, es indispensable que se ponga fin de una vez por todas a la connivencia de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad con ese delito aberrante.

En este sentido, un reciente informe del Departamento de Estado de los EEUU criticó duramente la política del Gobierno nacional en la materia y señaló que nuestro país es "’fuente, destino y lugar de paso” de la trata de personas, al tiempo que registró un agravamiento del cuadro de la corrupción oficial vinculada con ese delito.

Como en tantos otros órdenes, mientras las autoridades no se decidan a actuar con determinación y coordinación, no habrá más remedio que considerarlas cómplices por omisión del delito de reducción a la esclavitud de miles y miles de víctimas.