Alrededor de mil activistas del sindicato gastronómico protagonizaron el lunes último en la Capital Federal otra jornada de violencia intimidatoria, argumentando reclamos salariales insatisfechos.

Nuevamente la prepotencia ignoró la negociación civilizada que requieren las reivindicaciones dentro de la legislación laboral, con el abuso del derecho de manifestarse que hace la dirigencia sindical en nuestro país.

Alrededor de 20 heridos de distinta consideración, 40 detenidos y una hora de descontrol y caos en las calles porteñas, fue el saldo de la refriega entre las fuerzas de choque de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dirigida por Luis Barrionuevo, y efectivos de la Policía Federal, que dominaron a la turba.

El grave incidente, que incluyó desmanes y daños contra la propiedad privada, además de alterar la circulación vehicular y peatonal en un amplio sector de la ciudad, fue la brutal embestida del sector para presionar a las empresas. Uthgra exige la apertura de las negociaciones paritarias y un aumento salarial inmediato del 28%, aunque no deben descartarse motivaciones políticas puntuales. Tanto Barrionuevo, como la cúpula capitalina encabezada por el diputado nacional Dante Camaño, están enfrentados con el kirchnerismo -de hecho con la CGT oficialista de Moyano- y estas posiciones se expresan con agresiones, pedradas y palos, respondidas con balas de goma ante los avances hacia la propiedad privada y la desprotección del ciudadano común.

La falacia de la "manifestación pacífica", alegada por los gremialistas queda al descubierto a medida que se desarrollan los acontecimientos. Ninguna alteración del orden social por parte de un sector, puede ser pacífica porque repercute directamente en las actividades de terceros, víctimas de la provocación. La sola presencia de manifestantes con rostros cubiertos, munidos de palos, arrojando proyectiles y pirotecnia, es inaceptable en un Estado de derecho, porque se tergiversan maliciosamente los derechos del trabajador.

Tampoco existe sentido común en otros dirigentes gremiales. En medio de una crisis que todavía no toca fondo, es insensato pedir aumentos desmedidos cuando la premisa es mantener la fuente de trabajo como ocurrió recientemente con el aumento salarial a los empleados de comercio.

Mucho menos hay sentido de responsabilidad social si los paros afectan derechos inalienables, como es la educación. Es el caso de varias provincias, que paralizan las clases también por pretenciones de aumentos, amparados por dudosos mandatos de delegados cuestionados por muchos docentes a los que dicen representar.