La falta de cámaras de video; la no existencia de control, humano o tecnológico, a una salida del edificio; la carencia de vigilancia a los detenidos, quienes circulaban sin estar esposados; la extraña coincidencia de que hubo una oficina cerrada durante el escape, cuya llave tenía sólo la esposa de uno de los represores; la demora de 5 horas hasta que comenzaron la búsqueda de los detenidos; y que el personal médico ni siquiera supiera si el paciente que tenía que atender era un peligroso delincuente procesado o un militar en actividad, son algunas de las gruesas fallas en la seguridad en el Hospital Militar Central Cosme Argerich, que surgieron en la investigación judicial que lleva adelante el juez Claudio Bonadío por la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi.
DIARIO DE CUYO tuvo acceso en forma exclusiva al expediente judicial iniciado tras el espectacular escape de los represores, el 25 de julio del año pasado, cuando los condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad en San Juan se evadieron en circunstancias poco claras del centro asistencial, donde habían sido trasladados para someterse a estudios médicos.
La causa lleva el número, 6996/13, que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11, a cargo de Bonadío. Y fue posible conocer detalles de la investigación porque el dirigente Eloy Camus, que tuvo un papel clave en el megajuicio que terminó condenando a 7 represores, entre ellos los fugados, logró ser parte querellante en el proceso.
A sólo 21 días de haber sido condenados a duras penas de prisión por las atrocidades que cometieron en sus funciones, como torturas, violaciones y hasta la desaparición de personas, Olivera y De Marchi, habían sido trasladados desde la cárcel de Chimbas al Penal de Marcos Paz, en Buenos Aires, y desde esa prisión fueron llevados al Hospital Militar, de donde escaparon.
La investigación comenzó por la denuncia que realizó el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, en la que se consigna, por ejemplo, que los fugados tenían turno, en el caso de De Marchi, a las 8,42 del jueves 25 de julio del año pasado en el Servicio de Consultorios Externos de Psiquiatría, que funciona en el segundo piso del edificio. Olivera había solicitado atención en al área de Dermatología a las 10,35, en el quinto piso. No obstante, la evasión fue detectada recién a las 15,20, con lo cual los represores habrían tenido al menos 5 horas de ventaja antes de que se dispusiera el operativo de búsqueda.
En el informe elevado por el Director general del Cuerpo Penitenciario, inspector general Jorge Cevallos, incluso se menciona que “con los elementos reunidos, se pudo percibir que el personal asignado a la custodia de los mencionados internos (Olivera y De Marchi), no se habrían adoptado las medidas de sujeción indicadas para este tipo de movimientos”. Cuando habla de medidas de sujeción hace referencia a esposas, a pesar de que el reglamento establece que las debían tener (ver aparte).
En el requerimiento de instrucción de la causa formulado por el fiscal federal Eduardo Taiano, les apuntó no sólo a los exmilitares fugados, sino también a la esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, y al personal del SPF, Pablo Daniel Guillen, Rubén Ariel Saucedo, Analía Verónica Vázquez, Héctor Edgardo Alcaraz, Diego Gutiérrez y Jorge Agustín Pícoli. En el caso del personal penitenciario, la sospecha es que “no habrían adoptado las medidas de sujeción pertinentes”. Y en el caso de Ravasi, que podría haber “prestado colaboración para la fuga”, ya que se desempeñaba como psicóloga en el centro asistencial.
Por los dichos de una testigo, surgió que la esposa del exmilitar, que al momento de la fuga estaba de licencia, tenía un despacho en el hospital, pero que estaba cerrado con llave y como sólo ella tenía acceso, no pudo ser revisado. Y sobre el uso o no de esposas de los detenidos respondió que “antes, en alguna ocasión, venían esposados. Ultimamente no”. Sobre el uso de cámaras de seguridad manifestó que “el Departamento de Psiquiatría no tiene cámaras. El edificio creo que tampoco”. Sobre el mismo tema, otra testigo, que trabaja en uno de los servicios médicos, manifestó en su declaración que “quiero decir que es muy poco frecuente que el Servicio Penitenciario traslade a los pacientes esposados”. Y aclaró que los médicos no saben si su paciente es un detenido o un militar en actividad.
Otro testigo, del Departamento de Organización y Sistemas del centro asistencial, que se encarga del control de la entrada y salidas de personas, reconoció en su testimonio que la salida a la calle 11 de Septiembre, uno de los accesos al hospital y que está abierta de 6 a 14, justo el horario en el que se encontraban los condenados, “no cuenta con ningún tipo de control”.