La decisión del Gobierno nacional de enviar al Congreso su proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que modificará la norma que rige desde la última dictadura, sigue generando polémica.
La propuesta oficial, presentada en marzo -a la que se le hicieron escasos cambios-, implicará una drástica reducción en las licencias de un mismo dueño, que pasará de las actuales 24 a 10 en una misma área geográfica. Quienes superen esa cantidad tendrán un año para ajustarse al nuevo marco legal. El proyecto establece que aquellos que posean un canal de televisión abierta no podrán ser prestadores del servicio de cable, y prohibe que un solo prestador controle más del 35% a nivel nacional del servicio de televisión para abonados.
Pero uno de los aspectos centrales de la nueva norma es la fuerte regulación estatal de los contenidos. Así, la ley obligará a las radios a emitir un 70% de producción nacional, y en el caso de la música, deberán emitir 30% de autores argentinos. Además, las licencias quedarán sujetas cada dos años a la revisión del Poder Ejecutivo.
Este proyecto de ley de radiodifusión se somete a discusión parlamentaria en un momento no propicio, en la medida en que la expresión popular ha demostrado, en los últimos comicios, que su representación legislativa se manifiesta de manera diferente, con predominio de la oposición en detrimento del oficialismo. El manejo de los medios es un tema crucial, y por lo tanto debe ser objeto de un debate amplio, plural y representativo de los distintos sectores del país.
Esta iniciativa adolece de serios defectos y vicios que la tornan inconveniente para el tratamiento en cuestión, como es la libertad de expresión, relacionada con el ejercicio de los derechos individuales y que cumple una insustituible función de tipo social. No está de más recordar que es a partir de la comunicación y del intercambio de ideas, como los miembros de una sociedad democrática toman conocimiento de la cosa pública y pueden obrar en consecuencia, en calidad de ciudadanos de una comunidad políticamente organizada conforme a los principios del Estado de Derecho.
De aprobarse esta norma, un Gobierno que no respeta los principios constitucionales para hacerse del dominio de sectores y empresas, podría a partir de este umbral, seguir avanzando en el copamiento de los medios de expresión.
Nos encontramos ante una nueva muestra de poder prepotente que nos lleva a pensar en un triste futuro para el pluralismo y la libertad de pensamientos e ideas que nutren una auténtica democracia.